¿A quién pretendía salvar Salvador?

Ayer, el presidente Vizcarra se vio en la obligación de pedirle a Salvador Heresi su renuncia. Una amigable conversación con el vocal supremo César Hinostroza le costó el cargo. Algunos de sus compañeros en la bancada de Peruanos por el Kambio han expresado su extrañeza por la decisión; sin embargo, los detalles de la cháchara entre el magistrado y el ministro son graves y preocupantes.

El año pasado, la sala que presidía Hinostroza emitió una sentencia que modificaba los criterios para juzgar el delito de lavado de activos. En blanco y negro, Hinostroza decía que nadie podía presumir que las fortunas sospechosas provinieran de fuentes ilícitas.

El fallo de Hinostroza, que según el ex ministro Heresi “un sector muy importante del Congreso consideró acertado”, les negaba a jueces y fiscales su obligatorio derecho a sospechar.Tremenda coincidencia, aprovechando ese fallo, la fiscal Sara Vidal, que ocupaba entonces la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa de Lavado de Activos, había archivado la investigación que se le había abierto, bajo fundada sospecha, a Joaquín Ramírez, el hombre fuerte de Fuerza Popular.

En ese momento, los periodistas pusimos el grito en el cielo y el pleno casatorio de la Corte Suprema le quitó el carácter vinculante a la sentencia de Hinostroza, con lo que su fallo dejó de ser un precedente para otros casos, y la fiscal superior Elizabeth Peralta ordenó que se reabriera la investigación contra Ramírez y se adecuara a la Ley Contra el Crimen Organizado.
Después de que se iniciara la publicación de los audios obtenidos por la Fiscalía de Crimen Organizado del Callao, se han producido la renuncia de Walter Ríos, el presidente de la Corte Superior de esa región, y la defenestración de Salvador Heresi, ex alcalde de San Miguel, congresista de Peruanos por el Kambio y breve ministro de Justicia; pero sobre todo, gran amigo de la coalición que regentó el puerto, encabezada por Álex Kouri y Félix Moreno (el primero en cárcel y el segundo próximo a merecerla).
Como Perú21 ha confirmado, las interceptaciones telefónicas que hoy se tumban a ministros y jueces se ordenaron en la línea de una pesquisa que se hacía a la banda de narcotraficantes que ha convertido el puerto del Callao en un territorio comanche (un lugar del que no se regresa) y que ha necesitado, para sobrevivir, comprar conciencias y autoridades. Infiltrar instituciones y corromper políticos.

Las fortunas repentinas que amasan esos delincuentes se camuflan en negocios boyantes que las autoridades honestas denuncian bajo la modalidad de lavado de activos y desbalance patrimonial. Preocupa escuchar a quien ejerciera el cargo de ministro de Justicia hasta ayer halagando una sentencia que protegía esas fortunas sospechosas y mal habidas.