Hablen en la cancha. Los dirigentes rivales juegan su partido contra nuestros muchachos. (USI)
Hablen en la cancha. Los dirigentes rivales juegan su partido contra nuestros muchachos. (USI)

Redacción PERÚ21

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Los partidos no solo se juegan en la cancha, sino también fuera de ella con el llamado 'peso dirigencial', algo de lo que, lamentablemente, carece la Federación Peruana de Fútbol.

Ante la posible clasificación de Perú al Mundial Sub 20 de Turquía, quedó claro que nuestros rivales más acérrimos meterán presión para eliminarnos en la mesa. ¿La excusa? El caso Max Barrios. Chile y Ecuador están con las armas listas.

Si bien la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile no se ha pronunciado aún, está pendiente la investigación que realiza la Conmebol. Según el diario La Tercera, la dirigencia 'mapochina' presentaría un reclamo si Perú gana mañana a la 'Roja' y la deja fuera del Mundial.

"Se evaluaría pedir la pérdida de puntos de los del 'Rímac', lo que impediría una eventual clasificación al Mundial", informó el citado medio.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol, que denunció que el defensor de la selección peruana Max Barrios era, en realidad, el ecuatoriano Juan Espinoza Mercado, irá hasta las últimas consecuencias. "Mantenemos que es una irregularidad gravísima. Si se comprueba que la FPF estaba al tanto, debe ser sancionada con dureza. Si Perú clasifica, sería lógico que perdiera ese logro, pues habría actuado con dolo", dijo el directivo Amílcar Mantilla.

CUIDADO CON EL ÁRBITROHace 13 años, un error del árbitro argentino Ángel Sánchez privó a Perú de clasificar al Mundial Sub 20 al convalidar un gol en offside que supuso el 2-2 de Chile. Hoy, el destino vuelve a poner a la bicolor en la misma situación. "Esa vez fue un error del juez de línea. No me preocupa ese tema porque los arbitrajes han sido buenos en este torneo", señaló Manuel Burga, titular de la FPF.

SABÍA QUE

- La Reniec denunció ante la 49 Fiscalía a Ángel 'Maradona' Barrios y a sus supuestos hijos, Max y Luis, por los delitos de falsedad ideológica y falsificación de documentos.

- Los tres podrían pasar 10 años en prisión.