Marianella Ledesma es presidenta del TC. (Foto: GEC)
Marianella Ledesma es presidenta del TC. (Foto: GEC)

Hizo muy bien el Tribunal Constitucional, presidido por Marianella Ledesma, en enmendarle la plana al Congreso de la República sobre esa aberración jurídica que es (fue) la Ley 31018, que suspendía el cobro de peajes durante la emergencia sanitaria. La norma ya había sido observada por el presidente Martín Vizcarra en su momento, pero el Parlamento la aprobó por insistencia y luego la promulgó, como se dice, en dos patadas, sin detenerse a pensar por un segundo en las consecuencias de semejante desatino.

Sabiendo, en cambio, el enorme costo que los fallos de los arbitrajes internacionales –previsiblemente en contra del Perú– podían significar para el erario, el presidente presentó una demanda de inconstitucionalidad, que el TC acogió y declaró fundada por decisión unánime de sus miembros. Como ha declarado uno de los magistrados, la ley afectaba no solo a los concesionarios y desacataba un contrato vigente, protegido por la Constitución, sino también “la continuidad de los servicios vinculados al mantenimiento y desarrollo de la infraestructura vial en perjuicio de los usuarios”.

Más claro ni el agua, pues lo mismo podría decirse de otras normas populistas –retiro de fondos de AFP y ONP, sin ir tan lejos– carentes de sustento técnico alguno, que, si bien buscan atender urgencias en el corto plazo, a la larga serán totalmente lesivas a los intereses que presuntamente declaran proteger: los de los usuarios y contribuyentes, que somos todos los peruanos.

Un alentador precedente deja pues el Tribunal Constitucional, que podría ser la última barrera de defensa que le queda a la nación para detener el ímpetu populista, electorero y a todas luces irresponsable que mueve a este Congreso. Pero, conociendo los antecedentes y la miopía histórica de las bancadas parlamentarias, habrá que permanecer alertas a cualquier artimaña con la que seguramente intentarán replicar una saludable, patriótica decisión que, en este caso, sí se ha tomado en beneficio de una institucionalidad democrática que redundará positivamente en la economía del país.

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