Hace unos días, el INEI publicó las cifras oficiales de pobreza para el Perú en 2023. Algunas ideas. Primero, el porcentaje de pobres en Perú asciende a 29% de la población, esto es y de acuerdo con el informe, 9′780,000 pobres. En 2019, el porcentaje era de 20.2% y en 2022, 27.5%. Segundo, entre 2022 y 2023, el número de pobres aumentó en 596,000 personas.
Tercero, el poder de compra, medido por el gasto por persona, cayó en 10.1% entre 2019 y 2023. Esto significa que la economía peruana todavía no recupera el nivel de gasto prepandemia. Cuarto, entre los no pobres, más de la mitad son vulnerables, lo que significa que, ante cualquier situación adversa, pasan a ser pobres. Quinto, no pobres y no vulnerables solo ascienden a 39.6% de la población.
Vamos ahora a los comentarios. Primero, la principal lección que dejan los datos es algo que todos los economistas aprendemos en las aulas: sin crecimiento, no hay reducción de pobreza. Es evidencia empírica y no un juicio de valor.
La pregunta es otra: está claro que la recesión de 2023 (-0.55%) fue determinante en el aumento de la pobreza; pero ¿por qué no pudimos reducir más la pobreza antes de 2020, año de la pandemia? Porque el crecimiento era muy bajo, fluctuaba en torno de 3% anual.
En términos simples, para bajar la pobreza, la economía peruana necesita crecer más de 4% anual de manera sostenida. De lo contrario, las cifras mostradas por el INEI casi no cambiarán en los siguientes años. ¿Alguna vez lo hemos hecho? Sí, entre 2003 y 2011, la economía peruana creció, en promedio más de 5% anual gracias a la enorme demanda por metales de China; es decir, un factor externo a Perú permitió un fuerte crecimiento y, por ende, la caída de la pobreza desde más de 50% de la población a cifras cercanas a 20%.
La evidencia es contundente. Hay que crecer para superar las tasas mediocres de crecimiento. ¿Cómo se sale de la trampa del crecimiento lento? A menos que aparezca otro período en el que el aumento de la demanda externa permita un mayor crecimiento, lo único que queda es hacer reformas, cuyo objetivo sea elevar la productividad y, por ende, la oferta de la economía. Ahí entran educación, salud, infraestructura y seguridad, entre otros sectores que necesitan ser reformados.
La ecuación sería así: disciplina macroeconómica + reformas = crecimiento más alto y, por ende, reducción de la pobreza. Mejor aún si el entorno económico externo ayuda, pero no podemos pensar que solo dependemos de ello.
¿Estamos lejos de ello? Me parece que sí. Quienes se encargan de hacer las reformas o, al menos, de empujarlas, son el Ejecutivo y el Legislativo, pero están muy lejos de hacerlo. No es necesario ser un analista político para darse cuenta de ello. Autoridades con desaprobación por encima del 80% no generan la credibilidad para iniciar reformas. Por eso, la evidencia empírica muestra que las reformas se hacen al comienzo de los gobiernos. Cuando los ciudadanos más vulnerables la pasan mal, no podemos pensar en frivolidades ni en medidas que solo favorecen a los formales. Las autoridades no deben buscar el aplauso; solo, como ustedes y yo, hacer su trabajo, que para eso están ahí.
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