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Juan José García
Juan José García

De todos los problemas que adolece el sistema de salud público peruano, uno de los que más indignación causan es la endémica escasez de medicamentos en las farmacias públicas, pues obliga a los pacientes a meterse las manos al bolsillo y solventar sus tratamientos, los cuales deben ser cubiertos por el Estado.

Este problema no es trivial, ya que el 33% de los asegurados del SIS no obtuvo los medicamentos recetados; y el 70% de estos argumentó que no los obtuvieron porque las farmacias de los locales de salud pública donde realizaron sus consultas no tenían tratamientos disponibles (Ensusalud, 2016).

Ante esto, es importante preguntarse si el Ejecutivo baraja soluciones y si estas lograrán el objetivo: eliminar el desabastecimiento crónico de medicamentos. Lamentablemente, el remedio terminará siendo peor que la enfermedad. Esto se puede apreciar en la Ley de Salud Mental, en la que se obliga a los establecimientos públicos y privados (sí, privados) a tener un stock mínimo equivalente al 30% de la dispensación mensual de psicofármacos.

Considerando que el 80% de medicamentos dispensados en el país se da en hospitales públicos (IMS, 2016), ¿por qué se obliga a los establecimientos privados a mantener un stock mínimo? ¿Por qué 30% y no 50% o 20%? ¿El Estado entiende que, si el privado yerra en estimar su stock, por exceso o defecto, perderá por sobrecostos de almacenaje o ventas no hechas (es decir, no tiene incentivos a equivocarse)?

Este tipo de intervenciones en los mercados confirma el miedo de muchos: el actual Ejecutivo, por su alto nivel de improvisación y predilección por la demagogia, nos hará regresar –sin prisa, pero sin pausa– al subdesarrollo de la década perdida.

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