A la Policía Nacional no se la estaba respetando, y eso es muy grave. Han sido públicas las amenazas, insultos y agresiones que han recibido los efectivos policiales y militares de ciudadanos renuentes a acatar las medidas de emergencia dictadas para frenar el avance del COVID-19, ya sea por ignorancia, arrogancia o solo por el gusto de desafiar a la autoridad. Estas personas venían actuando protegidas por el manto de una legislación muy frágil.

La Ley N° 31012 fortalece el principio de legítima defensa y establece, con claridad, que los agentes podrán hacer uso del arma cuando su vida esté en riesgo; respalda el principio de razonabilidad de medios y evita que fiscales y jueces menosprecien o duden del principio de autoridad policial.

El nefasto Acuerdo Plenario Extraordinario N° 1 del Poder Judicial de 2016, que sostiene que el maltrato y la agresión a los policías solo es una ‘falta’, tratando al custodio de la PNP como un ciudadano común y no como la autoridad de carácter nacional, contribuye a este desmadre de los agresores y debe ser derogado.

Por eso, rechazamos enérgicamente la posición de las ONG y de la CIDH, así como las medias verdades vertidas por la congresista Rocío Silva Santisteban, quien ha calificado dicha norma como la “ley del gatillo fácil y del abuso policial”, eludiendo intencionalmente el fundamento de que el mencionado dispositivo no será aplicable al policía o militar que actúe contraviniendo el reglamento, la Constitución Política o el derecho internacional. Esa misma actitud de ‘protesta’ nos gustaría ver hoy contra Sendero Luminoso (SL) y contra el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), que sí son los verdaderos ‘gatilleros’.

Al Gobierno le decimos que asuma con energía y sin mirar de costado la responsabilidad que tiene en este momento de emitir decisiones históricas contra el COVID-19, dejando que se ejecute la ley, y que confíe en sus fuerzas del orden, que, estoy seguro, actuarán profesionalmente.

A los policías y militares les pedimos que en las intervenciones consideren siempre la idiosincrasia, el estado emocional, las frustraciones y las carencias de los ciudadanos; que no cometan el error de creer que persuadir es maltratar, que ser enérgico es usar la violencia indiscriminada, que el ejercicio de la autoridad es el abuso.

El respeto y la protección jurídica y social se ganan buscando un nuevo relacionamiento ciudadano y descubriendo, unidos, las virtudes de una alianza estratégica ciudadano-PNP-FF.AA. en esta lucha contra un enemigo común: el coronavirus. ¡Sí se puede!

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