No podíaquedar impune

En lo que llevamos del proceso de descentralización política, iniciado con bombos y platillos en 2002, más que encontrar soluciones al centralismo, el Perú ha visto crecer el fardo histórico de las taras que lastran su desarrollo. Y a la incompetencia administrativa y la corrupción endémica que alargan su sombra sobre los 26 territorios relativamente autónomos en que se organizó el nuevo mapa, se suman, en los últimos tiempos, reivindicaciones locales que en no pocos casos –casi todos sobre recursos naturales, propios, ajenos o en disputa– colisionan con los intereses del país.

Dejando de lado los sucesos, todavía sin desenlace a la vista, por lo de Tía María, en Arequipa, y la protesta que acaba de comenzar en Moquegua contra Quellaveco, en el sur las aguas no dejan de agitarse.

Esta vez le ha tocado al gobernador regional de Puno, Walter Aduviri Calisaya, cuyo arresto inmediato acaba de ser dispuesto por el Juzgado Penal Colegiado de Puno, pues tendrá que cumplir seis años de prisión como coautor del delito de disturbios en agravio del Estado, durante lo que se conoció como el ‘aimarazo’ de 2011, protesta inicialmente antiminera que degeneró en violentos sucesos, que incluyeron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, incendio de locales de instituciones públicas, bloqueo de carreteras, paralización de las ciudades e incontables daños a la propiedad privada.

Como se recordará, Aduviri llevaba 10 meses escondiéndose de la Policía por ese mismo proceso judicial, cuando fue elegido gobernador regional de Puno. Quizás pensó que el cargo lo volvería inmune a la justicia, pero no ha sido así: tendrá que afrontar en la cárcel las consecuencias de haber instigado aquello que el premier Del Solar llamó “actos vandálicos” –que para eso, vaya, están la ley y los custodios que deben defenderla– y pagar, además, una merecida reparación civil.

Como bien ha dicho el fiscal Juan Monzón, de Puno, el derecho a la protesta es amparado por la Constitución, pero los excesos –bloqueo de carreteras, daños a la ciudadanía y a la propiedad– no pueden ser avalados ni quedar impunes. Esperemos que hayan tomado nota en Arequipa y Moquegua.