Plan maestro

Los escolares peruanos, principalmente en colegios públicos, viven acechados por peligros y tentaciones que a veces provienen de la propia plana docente asignada a cada institución. Amenazas reales, es decir, con casos debidamente investigados y evidencia verificable, que han hecho que el Ministerio de Educación (Minedu) eleve a 17 los delitos graves por los que ahora se puede cesar a un profesor, de detectarse que está o ha estado involucrado o procesado por alguno de ellos.

La medida, que también se aplica al personal administrativo del sector, podría llevar incluso a la inhabilitación de por vida para trabajar en instituciones públicas y privadas del país. El decreto de urgencia publicado el último lunes amplía el alcance de la Ley 29988, que el año pasado permitió separar a más de mil docentes y administrativos que trabajaban para el Minedu, pese a cargar con sentencias que iban desde la violencia sexual hasta el terrorismo o apología del terrorismo, pasando por el narcotráfico.

La nueva lista negra incluye feminicidio, proxenetismo, trata de personas, violación de la intimidad (a través de las redes sociales y similares), sicariato, parricidio, proposiciones sexuales a menores, homicidio doloso, genocidio o tortura y similares. Todos, delitos que descalifican a cualquier persona que pretenda ejercer la docencia o siquiera laborar cerca de infantes, adolescentes o jóvenes, sea en centros de educación básica o superior, privados o estatales, universidades, institutos técnicos o escuelas de las Fuerzas Armadas.

Una ampliación lógica y necesaria en esta época en que la tecnología ha multiplicado los peligros para los estudiantes, sobre todo para los menos preparados, en los sectores vulnerables de nuestra sociedad. Hace bien, entonces, el Minedu en prodigarse con el monitoreo de los maestros, pues esa misma tecnología posibilita también una supervisión más estrecha y rigurosa de la trayectoria del personal que interactúa diariamente con nuestros hijos.