"En lugar del facilismo de copiar modelos de realidades distintas, ser más rigurosos y poner en marcha una estrategia inteligente en defensa de la seguridad ciudadana".
"En lugar del facilismo de copiar modelos de realidades distintas, ser más rigurosos y poner en marcha una estrategia inteligente en defensa de la seguridad ciudadana".

Teniendo como contexto la ola de crímenes que vienen padeciendo las principales ciudades del país, el presidente de la Corte Suprema, Javier Arévalo Vela, propuso tomar en cuenta los métodos que Nayib Bukele ha aplicado en El Salvador.

El premier Alberto Otárola recogió el guante y reconoció que El Salvador es uno de los países de la región que menos delincuencia tiene; pero luego de afirmar enfáticamente que el Perú tenía su propia política de seguridad ciudadana, agregó que sí se podrían aplicar en el Perú algunos aspectos, según él, positivos, de la estrategia salvadoreña ante el tema de la migración ilegal, por ejemplo.

La pregunta, sin embargo, cae por su propio peso: ¿por qué no ponerse, mejor, a diseñar un Plan Perú en lugar de buscar modelos que seguramente reducirán los índices de delincuencia, pero cuya metodología –como ocurre con el régimen de Bukele– viene acompañada también de una reducción sustantiva de derechos ciudadanos?

Con todo el presunto mérito –muy mediático, por lo demás– que Bukele se lleva por haber confinado en sus megacárceles a miles de pandilleros mayormente integrantes de una sangrienta organización criminal como Los Maras, el daño que ha hecho a la institucionalidad en su país –que lleva más de un año en estado de excepción, sin garantías constitucionales y con la oposición política intimidada o encarcelada–, el actual régimen de El Salvador se asemeja más a una dictadura que a una democracia.

Como bien ha dicho el general Óscar Arriola, lo que necesita el Perú es que las entidades del sistema de justicia trabajen juntas, en consenso con las fuerzas de seguridad, para luchar eficazmente contra esa criminalidad en ascenso que tanto preocupa a la población, como bien demostró la última encuesta de Ipsos en Perú21.

En ese sentido, bien haría el presidente del Poder Judicial en coordinar mejor con sus jueces para que no sean tan legalistas y garantistas cuando tienen al frente, por ejemplo, a una banda de delincuentes capturados en flagrancia, en posesión de armas de fuego y con antecedentes. En lugar del facilismo de copiar modelos de realidades distintas, ser más rigurosos y poner en marcha una estrategia inteligente en defensa de la seguridad ciudadana.