Con el pie izquierdo

¿Por qué no tener nuestra línea aérea propia?, se preguntó el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, hace una semana en una entrevista en televisión. Las experiencias de AeroPerú y Tans no fueron suficientes para el titular del Minjus. Por si lo ha olvidado, ambas, íntegramente del Estado peruano, terminaron de la peor manera. AeroPerú, creada por el estatista gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, solo acumuló pérdidas y después de varios trompicones en perjuicio del erario nacional, quebró. La historia de Tans es todavía peor, la segunda aerolínea nacional, la que heredó los destinos de su predecesora, perdió dos de los cuatro aviones que tenía en accidentes aéreos, cobrando demasiadas vidas.

En la misma cháchara televisiva, Zeballos dijo que “no se le debe tener miedo al Estado empresario”. Abiertamente, el ministro de Justicia discrepa del artículo 60 de la Constitución que prohíbe al Estado peruano despilfarrar el dinero que debe usar en la educación, la seguridad y la salud de los ciudadanos en aventuras politiqueras.

Un día después de estos comentarios, el presidente Vizcarra tuvo que hacer declaraciones para rectificar el desaguisado, pero lo cierto es que el ministro Zeballos tiene un sesgo muy pronunciado hacia el colectivismo y administra la cartera de Justicia rodeado de gente muy comprometida, ideológicamente, con la extrema izquierda.

Pedro Paulino Grández Costa, director general de Derechos Humanos e influyente integrante del gabinete de asesores del Minjus, registra antecedentes policiales por terrorismo. Fue capturado en un operativo de la Dircote en Lima, en noviembre de 1991.

Seguramente Grández Costa tiene derecho a trabajar, pero no como asesor de cabecera del ministro de Justicia de un gobierno elegido bajo una propuesta de centro, democrático y liberal.

En estos días, las oficinas de Derechos Humanos y de Defensa Pública del Minjus están abocadas a reunir a magistrados de las cortes superiores del país en un pleno jurisdiccional con el objetivo de que emitan un pronunciamiento favorable a la derogación de las leyes que regulan la protesta. Desde el interior del Ministerio de Justicia se planea quitarle al Estado la mejor herramienta que posee para regular los excesos en la conflictividad social.

Los ciudadanos tienen derecho a marchar, a declararse en huelga, a protestar, pero no a recurrir a la violencia ni al boicot contra el país para hacerse escuchar. En un Estado de derecho, el secuestro de autoridades, la obstrucción de carreteras y vías de acceso no pueden ser parte de la protesta.
Con los recursos del Estado, dos asesores del ministro Zeballos, Grández, de DD.HH., y César Cárdenas Lizarbe, de Defensa Pública, trabajan para cambiar leyes y modificar artículos del Código Penal, jalando agua para su molino ideológico. Empoderando a los grupos radicales.

Ambos asesores han sumado esfuerzos con el congresista Richard Arce, del izquierdista Nuevo Perú, quien ha presentado un proyecto de ley para amnistiar a los comuneros que intervinieron violentamente en las protestas contra Las Bambas. Aconsejado por los asesores del Minjus, Arce ha solicitado modificar el Art. 200 del Código Penal, el que se refiere a la extorsión, y el artículo 2 de la Ley 30077, que norma las sanciones contra el crimen organizado.

El presidente de la República y el presidente del Consejo de Ministros tendrán que preguntarle al titular de Justicia con qué pie patea. Porque esto no fue lo que eligió el Perú.