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Los conflictos sociales en contra de proyectos extractivos deben ser manejados por el Estado en forma preventiva, anticiparse a esas situaciones y atenderlos oportunamente para que estos no escalen ni lleguen a niveles como los de Pichanaki. Paralizar proyectos que generarán riqueza en sus zonas de influencia, y a todos los peruanos, tiene un negativo impacto económico. Es inaudito que los promotores de estos conflictos les vengan ganando la batalla a las autoridades. El Gobierno, al romper la ley y desconocer contratos firmados a nombre del Perú, está dando un mensaje contradictorio y de debilidad a los inversionistas que busca atraer. En el caso de Pichanaki, el Gobierno estaba advertido, pero no le dio la debida importancia hasta que le explotó en la cara. ¿Quién gana en toda esta situación? Me temo que nadie más que los azuzadores y su agenda política antiinversión.