Esta semana Carlos Barrientos asumió la presidencia de Petroperú tras la salida de Carlos Paredes, quien inició saludables reformas. A pesar de ellas, la petrolera mantiene un sinnúmero problemas que el nuevo presidente debe enfrentar.

Petroperú está embarcada en el proyecto de la modernización de la refinería de Talara, cuya rentabilidad es de 3.5% cuando el costo de capital de la empresa es de 7.8%. Es decir, un proyecto que solo destruye valor. Sin embargo, considerando todo lo avanzado (86%), no queda otra que seguir adelante.

Como consecuencia, la empresa tiene una deuda de largo plazo de US$4,300 millones, que equivale a 30 veces su ganancia operativa anual. Un nivel a todas luces insostenible.

A ello se suman los problemas del Oleoducto, que en 2019 generó pérdidas por US$20 millones y fue blanco de atentados con graves impactos ambientales y económicos.

Por si esto fuera poco, Petroperú tiene probados casos de corrupción. En enero, 24 involucrados fueron despedidos, pero queda mucho pan por rebanar.

No hay varita mágica para arreglar el desbarajuste, pero la medida de mayor impacto sería la incorporación de capital privado. Esto permitirá reducir drásticamente la deuda y mejorar el gobierno corporativo. El problema estructural de Petroperú es que es de todos y de nadie. Un paquete de acciones en manos de un privado traerá un necesario ojo de amo que alineará intereses para maximizar la eficiencia, y reducirá la injerencia política que en el pasado ha llevado a sinsentidos como el de Talara.

Una privatización total es inviable desde el punto de vista político y legal, pero una participación privada de 10% o 15% haría una diferencia. La Ley 30130 ya permite hasta un 49%. Solo es cuestión de superar sesgos ideológicos y comprarse el pleito. Esperar nos sale caro.