Cajas grandes. (Foto: Anotnhy Niño de Guzmán/El Comercio)
Cajas grandes. (Foto: Anotnhy Niño de Guzmán/El Comercio)

El descaro de la camarilla que se ha enquistado en el gobierno –tanto a la luz pública como a la sombra presidencial– está llegando a extremos que constituyen una absoluta falta de respeto por la ciudadanía y los fueros de la institucionalidad democrática. El desprecio por la ley y las normas que exhiben sus maniobras para infestar el Estado con sujetos de dudosa reputación se ha convertido en una práctica groseramente reiterada.

Esta vez, son dos nuevos destapes que confirman que nada ha cambiado ni cambiará en la administración Castillo.

Primero, la propuesta al Fonafe del ministro de Energía y Minas, el cerronista Carlos Palacios, para que designe al cuestionado Hugo Chávez Arévalo –exgerente general de Petroperú e investigado por el Ministerio Público por delitos de colusión y negociación incompatible– como presidente del holding de empresas estatales Distriluz. Es decir, ponerlo a la cabeza de un conglomerado que maneja patrimonios de hasta 2,577 mil millones de soles.

A no dudarlo, un atractivo botín para cualquier corrupto, razón por la que el Fonafe ha sido siempre muy escrupuloso al escoger a sus directores, como señaló a Perú21 el exviceministro de Energía y Minas Luis Espinoza, ya que la politización podría afectar su desempeño: “Un director debe tener experiencia en el sector eléctrico. No se puede poner a alguien que no la tenga. Esa persona debe tener experiencia probada y al señor Hugo Chávez nunca lo he conocido, y eso que tengo más de 30 años en el sector”.

Y luego están las extrañas movidas del congresista de Perú Libre Edgar Tello, quien se da el lujo de disponer como ‘choferes’ personales nada menos que a proveedores del Estado, a uno de los cuales hasta le abrió las puertas de Petroperú para que se reúna con el nuevo presidente de la entidad, Humberto Campodónico, como si nada hubiera pasado en la petrolera estatal tras la salida del mencionado Chávez y su plana directiva.

Todo indica que se ha perdido completamente el recato en el plan oficialista de copar con sus cómplices la mayor cantidad de altos cargos en el aparato del Estado para sacar el máximo provecho económico de sus arcas. La voluntad de expolio ya ni siquiera se disimula. Esto debe parar de inmediato.