Aprovechando que Colombia acaba de obtener un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, el presidente de ese país, Gustavo Petro, ha tenido la osadía de anunciar que una de sus batallas desde esa posición será velar “por la libertad del presidente (Pedro) Castillo”.
Como se sabe, Castillo está legal y constitucionalmente internado en el penal de Barbadillo tras su fallido golpe de Estado en diciembre de 2022. Y por si eso fuera poco, está expedientado además por múltiples casos de corrupción que anegaron su gobierno y precipitaron la crisis que lo condujo a intentar quebrar el orden democrático en el país.
“Colombia entra al Consejo de Derechos Humanos por primera vez en su historia. La posición colombiana ante la violación sistemática de los derechos humanos en Palestina será precisa y contundente. Velaremos por la libertad del presidente Castillo en el Perú y buscaremos un acuerdo político en Venezuela para garantizar derechos y libertades de su ciudadanía”, escribió Petro en su cuenta de X.
No es la primera vez que el presidente colombiano intenta colarse donde nadie lo ha llamado. Sin embargo, este personaje tiene suficientes problemas en su país como para darse el lujo de andar interviniendo en los asuntos internos de sus vecinos, que por lo demás desconoce más allá de sus evidentes afinidades ideológicas con el golpista defenestrado.
Por mencionar solo un tema, en el rubro de lucha contra las drogas en Colombia los cultivos de coca y la producción de cocaína se elevaron por encima del 50% en los últimos años: las cifras más altas desde que la propia Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito comenzó a recopilar esos datos en 2001, según consigna la BBC de Londres. Su país ha vuelto a ser el gran paraíso del narcotráfico en la región. Y en cuanto a sus afinidades con Castillo, ahí están los numerosos escándalos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y coimas que han minado la credibilidad de su gobierno. Y uno de los casos más emblemáticos tiene como protagonista nada menos que a su hijo mayor, Nicolás Petro.
Dos internacionalistas experimentados, como Luis Gonzales Posada y Eduardo Ponce, coinciden en que el Perú debería convocar al embajador colombiano y entregarle una nota de protesta por este acto de injerencia inaceptable.
La Cancillería debería hacerse eco de ello. Y cómo no, en Torre Tagle deberían tener también un rol más activo en la cruzada por la democracia en Venezuela.
