(Hugo Pérez/GEC)
(Hugo Pérez/GEC)

Dicen que la realidad supera a la ficción y lo que está sucediendo en la Fiscalía de la Nación ya da para dos temporadas de una serie de Netflix.

Pedro Chávarry se atornilla a un puesto que nunca debió ocupar y él lo sabe. Debe ser no solo el FN más cuestionado de los últimos años, sino el que más rechazo provoca en la ciudadanía. Tiene, además, el desparpajo de victimizarse con el pretexto de que él encarna y defiende la autonomía del Ministerio Público.

Mientras se escribe esta columna, el fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial Lava Jato, continuaba el allanamiento de la oficina de su asesor, Juan Manuel Duarte, en el marco de las investigaciones del supuesto delito de activos que se le imputa a Keiko Fujimori.

La medida autorizada por el juez Concepción Carhuancho dibuja un escenario de guerra en el sistema de justicia porque Chávarry es la máxima autoridad del Ministerio Público, contra quien hay indicios de encubrimiento y, vamos, clarísimas muestras de sus intentos por desacreditar al equipo de Rafael Vela y con eso traerse abajo cualquier acuerdo con Odebrecht.

Hasta la bancada aprista le ha pedido la renuncia luego de negarse a ratificar a Vela y Pérez en sus cargos, para luego reincorporarlos obligado por la presión de la calle.

Esta será una semana clave para el fiscal de la Nación. Luego de la suspensión de su colegiatura en el Colegio de Abogados, habrá que estar pendiente de la decisión que tome la Junta de Portavoces del Congreso sobre el trámite que seguirá el polémico proyecto (especialistas sostienen que es inconstitucional en la forma a pesar de las buenas intenciones) presentado por el presidente Martín Vizcarra para declarar en emergencia el MP. Como fuere, Chávarry sigue aferrado a una silla giratoria y a punto de eyectar.