Como sabemos, Pedro Castillo ganó ajustadamente la presidencia de la República en 2021, pero sin alcanzar mayoría en el Congreso. Ochenta de los 130 congresistas provenían de partidos considerados ideológicamente de “centro” o de “derecha”: Fuerza Popular 24, Acción Popular 16, Alianza para el Progreso 15, Renovación Popular 13, Avanza País 7, Somos Perú 5. A primera vista, el “modelo” estaba protegido. La Asamblea Constituyente que blandía Perú Libre no tenía ninguna viabilidad.
Se sobreentendía que “el modelo” en el que coincidían dichos partidos era el de una economía social de mercado donde se promoviese la legalidad y el desarrollo económico y social. Hasta cierto punto fue así durante los 20 meses del caótico gobierno de Castillo. Sus incompetentes e ideologizados ministros dañaron severamente la administración pública y la economía del país, pero la mayoría parlamentaria frenó estropicios mayores y aprobó la justificada vacancia de Castillo cuando este intentó hacer un golpe de Estado.
Lo que hemos visto los dos últimos años, sin embargo, ha sido, por lo menos, desconcertante. El Congreso, con los votos de la mayoría de los partidos de centro y derecha, ha favorecido a la minería ilegal, a los profesores cesados por incompetentes, a las universidades bamba, a los transportistas informales, a los préstamos ‘gota a gota’, al crimen organizado (dificultando los allanamientos), y ha aprobado presupuestos públicos desfinanciados por incrementos desmedidos en gasto corriente.
Pareciera que el modelo que defiende la mayoría de congresistas no es el de una economía social de mercado, sino el de una “economía informal de mercado”, cuando no, intereses de las economías ilegales. Hay, por supuesto, honrosas excepciones individuales, pero en general el comportamiento de los partidos de centro y de derecha ha sido muy decepcionante.
En 2026 deberemos escoger entre más de 50 candidatos presidenciales, pero también entre más de 10,000 candidatos al Senado y la Cámara de Diputados. Lamentablemente, este Congreso eliminó la obligatoriedad de las elecciones primarias (PASO) y la valla de participación mínima que se había establecido (1.5% de los votos válidos), sin reemplazarla por nada mejor. Las PASO habrían permitido conocer con más tiempo a los candidatos y, sobre todo, llegar a las elecciones generales con menos de 10 partidos.
El resultado previsible de una cédula de votación con más de 50 listas será una enorme dispersión electoral. Lo más probable es que los candidatos que pasen a la segunda vuelta lo hagan con un respaldo escaso y una bancada pequeña, con lo cual, ante un Ejecutivo débil, el próximo Congreso se sentirá nuevamente el principal poder del Estado. Será muy difícil escoger buenos congresistas entre tantas opciones, pero al mismo tiempo es fundamental hacerlo. Si los partidos no asumen su responsabilidad, serán la prensa y la sociedad civil las llamadas a hacer la tarea.
Quizá los dos criterios más relevantes por observar sean la idoneidad ética y la trayectoria profesional. Cualquier indicio de falta de idoneidad debería levantar una luz roja. No más potenciales violadores y ‘mochasueldos’. En el ámbito profesional, la experiencia laboral exitosa en empresas formales e instituciones de prestigio podría ser un criterio favorable de selección. El próximo Congreso será nuevamente un espacio de enfrentamiento entre los defensores de la economía social de mercado que establece la Constitución y los representantes de la informalidad y la ilegalidad. Lo que hemos aprendido en los últimos años es que ya no es suficiente con mirar la supuesta ideología de los partidos. Es necesario identificar y apoyar a las personas más decentes que postulen al Congreso por cada partido.
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