Una persecución inexistente

“En medio de una turbamulta en la puerta de su casa, el propio Alan García denunció ser víctima de chuponeo acusando el regreso a las prácticas montesinistas”.

Alan García

Alan García acusó al ministro del Interior de estas mintiendo.  (Foto: Mario Zapata / GEC)

Alan García acusó al ministro del Interior de estas mintiendo.  (Foto: Mario Zapata / GEC)

Editorial Perú21
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El informe de la Oficina de Peritajes del Instituto de Medicina Legal, que publica hoy Perú21, descarta de plano que los equipos ubicados en la parte superior y posterior de una camioneta que acompañaba al resguardo policial que protegía la vivienda del ex presidente Alan García, en diciembre del año pasado, hayan servido para interceptar cualquier tipo de teléfono. Por sus características, esos aparatos no eran capaces de chuponear.

Ante la pública denuncia del líder aprista, la Fiscalía ordenó el peritaje que concluye en que el equipamiento corresponde a un “sistema de monitoreo que permite realizar codificación y transmisión de señales audiovisuales en alta calidad” sin evidencia de que estas sirvan para el “registro de escuchas grabadas”.

La batahola se armó el 5 de diciembre cerca de las 8 de la noche. En medio de una turbamulta en la puerta de su casa, el propio Alan García denunció ser víctima de chuponeo acusando el regreso a las prácticas montesinistas. Pero fue más allá, identificó como el “gran responsable” al jefe de Estado, Martín Vizcarra.

En una coyuntura electoral previa a comicios municipales y regionales y al referéndum en el que votaríamos las reformas política y judicial, García protagonizó esta escena. Apenas 48 horas antes, había tenido que abandonar la residencia del embajador de Uruguay en Lima, pues el gobierno de Tabaré Vázquez le había negado el asilo político solicitado.

Un político que había gobernado dos veces el país no tuvo reparos en cuestionar al Perú frente al mundo, en presentar al gobierno como abusivo y autoritario y a él mismo como la víctima de una persecución que ni siquiera el embajador uruguayo, que lo hospedó, pudo sustentar ante sus máximas autoridades.

Sin embargo, el sainete montado la noche del 5 de diciembre sí sirvió para distraer a la ciudadanía. Ese mismo día, el Congreso aprobó un proyecto de ley para impedir que se investigue a los partidos políticos como organizaciones criminales; en otras palabras, para que los partidos políticos no tengan que responder por lavado de activos.

La norma, que bien podría ser un salvavidas para varios de los políticos involucrados en el caso Lava Jato, aún no ha sido promulgada por el Ejecutivo, pero el día de su aprobación no es una casualidad.

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