El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, protagonizó varios incidentes en el debate del Consejo Directivo. (Foto y video: Congreso de la República)
El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, protagonizó varios incidentes en el debate del Consejo Directivo. (Foto y video: Congreso de la República)

“Es fácil maltratar con el micro encendido”, escribió el viernes en su cuenta de Twitter la fujimorista Luz Salgado. Con esas palabras reclamaba al presidente del Congreso, Daniel Salaverry: él la había mandado callar, recordándole que no estaba en el local de Fuerza Popular, por lo que no podía comportarse como la secretaria general del partido.

La sesión se estaba alargando, terminó después de cinco horas, todo el tiempo los representantes de Fuerza Popular estuvieron insistiendo en que la Comisión de Constitución, a cargo de Rosa Bartra, revise la resolución del Tribunal Constitucional que autoriza la creación de nuevas bancadas.

¿Por qué se oponen los fujimoristas a la existencia de nuevos grupos en el Legislativo? Porque no quieren perder el poder. En julio de 2016, podían hacer lo que les viniera en gana, tenían la mayoría absoluta en el Parlamento. Pero a mediados de setiembre, Yeni Vilcatoma renunció a Fuerza Popular. Aunque un año después regresó, en ese momento estaba fastidiada por la verticalidad de esa organización.

Inmediatamente, el fujimorismo presentó un proyecto de ley contra el transfuguismo. Según sus argumentos, así se evitaría repetir lo que ocurrió en 2000, cuando Vladimiro Montesinos compró conciencias al contado para sumar los votos que le faltaban en el Congreso al gobierno de Alberto Fujimori.

Un mes después, con algunas modificaciones, la ley que castigaba con el ostracismo a todo congresista que discrepara con la dirigencia de su bancada y optara por renunciar, se aprobó con los votos de Peruanos por el Kambio, el Apra y el fujimorismo.

Los principios de los parlamentarios quedaron postergados a los intereses de los dirigentes de sus partidos. Los congresistas, elegidos a través del voto preferencial, debían priorizar los compromisos de sus jefes a las expectativas y necesidades de los electores que votaron por ellos.

El que se iba, no podía formar parte de la Mesa Directiva, integrarse a otro grupo parlamentario o pertenecer a una comisión ordinaria.

Naturalmente, las bancadas en minoría recurrieron al TC. Un año después, el ente máximo en los temas constitucionales falló, declarando fundada en parte la demanda de inconstitucionalidad. El Congreso de amplia mayoría fujimorista engavetó la resolución del TC en la Comisión de Constitución, hasta que Salaverry decidió aplicarla.

El fujimorismo no quiere perder el poder de su mayoría en el Congreso. Ha invertido seriamente en ello renunciando a escrúpulos y razones; ha cubierto a Yesenia Ponce, Moíses Mamani, Betty Ananculi; ha extendido su capacidad de blindaje fuera de su bancada, tapando a Richard Acuña, Edwin Donayre, Benicio Ríos.

Su empeño le ha costado caro, la ciudadanía le ha perdido el respeto, la mayoría de los que votaron por Fuerza Popular en 2016 desprecia a sus representantes, no quiere verlos reelegidos.

De nada le valió imponer su potestad, repartirse entre los favoritos las presidencias de las comisiones, apropiarse del canal del Congreso, mandar callar a la oposición.

Hoy los tiempos son otros. La bankada ha perdido a varios de sus integrantes (y teme perder más). Ha perdido el control de la Mesa Directiva, algo que nunca imaginó. Su vocero oficial, Carlos Tubino, acusa de sinvergüenzas y tránsfugas a los que dejan sus bancadas, insinúa que podría presentar una censura o una denuncia constitucional contra Salaverry, pero ya no tiene nada que hacer.

Se impuso el derecho. A ningún parlamentario se le puede impedir que actúe con base en sus principios, que haga uso de su libertad de conciencia, que tenga la oportunidad de presidir una comisión. Los intereses de los dirigentes políticos no pueden estar por encima del compromiso de cada representante con su elector.