(Foto: Congreso)
(Foto: Congreso)

Ante la anomia del Congreso que avala las acciones irresponsables del gobierno, se tiene que empezar a responsabilizar a los congresistas que están coludiéndose con la instrumentalización del Ejecutivo para arremeter contra la Fiscalía y la Policía Nacional.

Se necesita de unos valientes congresistas que puedan denunciar a sus propios colegas parlamentarios, por la manipulación del poder de fiscalización que tienen, para encubrir los delitos del gobierno. Se debe individualizar la responsabilidad de los congresistas que están utilizando las acusaciones constitucionales para retirar a los funcionarios de manera irregular, con el objetivo de blindar al gobierno y generar impunidad.

Además, aquí hay infracciones constitucionales flagrantes de parte de los ministros, encabezados por Aníbal Torres, que campante acusa hasta la propia Fiscalía de narcotráfico y pretende, además, destituir al coronel Colchado, a través de la Inspectoría de la Policía.

Corresponde aquí una denuncia constitucional contra estos ministros de Estado, por infracción al artículo 128 de la Constitución, que claramente los responsabiliza por sus propias acciones y los actos presidenciales que refrendan.

Que quede claro que las decisiones que tomó la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para remover a fiscales reconocidos del Ministerio Público como la fiscal Revilla, que seguía una investigación fiscal a la propia hermana, o el caso del fiscal Almanza contra la organización criminal de los Sánchez Paredes en materia de narcotráfico, tienen que ser evaluados y si es posible sancionados por la Junta Nacional de Justicia.

Pero diferenciemos las responsabilidades y los conductos regulares de investigación del Ministerio Público; estas denuncias contra Benavides no santifican a Pedro Castillo y su gobierno en los actos ignominiosos que viene cometiendo.

Ya es tiempo de que el Congreso asuma sus responsabilidades, el 8% de aprobación los obliga