Si tuviera que asociar una imagen a este proceso electoral, pensaría en una fiesta en la que los invitados han bebido de más y han convertido la celebración en un "todos contra todos". Esto reflejaría las alianzas "imposibles" que nos han tocado ver. Conclusión: en política todo puede pasar.
Las promesas electorales son casi lugares comunes: programas sociales de toda índole, grandes y pequeñas obras de infraestructura, mejora de la seguridad ciudadana y aumentos salariales, entre otros.
El incremento del salario mínimo es casi una promesa por default, aunque resulte difícil saber por qué es tan popular, considerando que en el Perú, el 70% del empleo es informal, y, por tanto, los salarios de ese 70% no están regidos por ninguna ley.
En realidad, el incremento solo beneficiaría a una mínima parte de los trabajadores pues de ese otro 30% debemos restar a quienes no están a nivel de sueldo mínimo, y también a aquellos que podrían perder su empleo o ingresar a las filas de la informalidad debido a que muchas empresas no pueden asumir dicho incremento.
Curiosamente, no generaría los mismos aplausos la promesa de eliminar la informalidad. Esta es la que perjudica a los trabajadores que no perciben ni siquiera los beneficios mínimos de vacaciones y pensión; al Estado porque no recauda lo que debiera; a los ciudadanos, especialmente los más pobres, que dependen más de servicios como salud o educación, financiados por el Estado y, finalmente, a las empresas formales que, por tener que afrontar mayores costos asociados a la legalidad (como, por ejemplo, los incrementos del salario mínimo, además del pago de tributos, permisos y otros), no pueden competir con el sector informal y comienzan a reducir costos. Muchas veces esta reducción se da en temas como investigación o capacitación, fundamentales para el incremento de productividad y el crecimiento o en la reducción del número de trabajadores.