El Gobierno ha declarado estado de emergencia por 60 días en la provincia liberteña de Pataz, debido a la extrema violencia desatada por la minería ilegal.
Perú21 ha informado exhaustivamente sobre lo que hay detrás de los atentados y ataques a la fuerza pública realizados en los últimos meses. La zona es un polvorín.
Un dato revelador proporcionado por el titular de la PCM da cuenta de lo grave que es la situación. “Nos enfrentamos a más de 20 bandas organizadas que se mueven en torno al comercio del oro”. Y con ello confluyen delitos relacionados con extorsiones, explotación laboral, sexual, proxenetismo, tráfico de armas, tráfico de insumos químicos, entre otros. Dinero para comprar armas, insumos bélicos y equipo no les falta, como se ha podido ver en las últimas capturas de la Policía.
Durante el estado de emergencia, que también se aplicará en Trujillo y por el mismo tiempo, los militares tendrán el control del orden interno, han anunciado las autoridades.
Nos preguntamos, sin embargo, si declarar un estado de excepción solo por dos meses será la solución para darle tranquilidad a las empresas mineras que, con todas las de la ley, extraen oro en la región. La realidad es que el problema no es solamente de seguridad, si bien la violencia es su manifestación más peligrosa.
Más allá de la coyuntura, hay un tema de ordenamiento jurídico y de atacar de manera integral las cadenas del delito en ese corredor, como bien lo plantea el analista Iván Arenas. En el plano normativo, como ya se ha dicho, el Reinfo es hasta ahora un fracaso, que insólitamente algunos pretenden extender como fórmula mágica para restablecer la legalidad. Como si un simple registro bastara para hacer que una extendida actividad ilícita pase a ser reconocida por los fueros de la ley, que es exactamente lo que están haciendo no pocos mineros ilegales, que hacen la pantomima de tramitarlo, usándolo como cobertura para seguir operando a sus anchas.
Que los estados de emergencia no bastan por sí solos lo demuestra lo ocurrido en San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres en Lima, donde, según un informe de este diario, en poco más de un mes se habían registrado 29 asesinatos una vez concluido ese periodo de excepción.
A problemas complejos, soluciones integrales. La llegada al Ministerio de Energía y Minas de Rómulo Mucho Mamani es una buena señal de que mejores cosas vendrán, no solo para frenar la minería ilegal, sino también para promover la gran minería formal, que es una de las columnas vertebrales de la economía.
