Paso ligero, fiscales

Con la cantidad de pruebas acumuladas en su contra, no había que ser muy zahorí para pensar que, en condiciones normales, la posibilidad de que Keiko Fujimori retornara a la cárcel era ciertamente grande.

Sin embargo, los 15 meses de prisión preventiva que ha dictaminado el juez Víctor Zúñiga, en el marco del proceso que se le sigue por lavado de activos, a raíz de los aportes a sus campañas presidenciales de 2011 y 2016, deben obligar también a los fiscales especiales a que formulen su acusación de una vez por todas, ya que de otro modo este nuevo internamiento en el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos puede lucir exagerado y hasta como una condena adelantada, como han expresado algunos jurisconsultos no necesariamente afines al fujimorismo.

No es que la decisión del magistrado no tuviera “ningún sustento”, como declaró el secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, quien además se permitió añadir, visiblemente ofuscado, que se trataba de una maniobra para sacarla de la carrera electoral, no; es, más bien, todo lo contrario: el sustento es claro y contundente, ya que el equipo especial de la Fiscalía ha logrado reunir abundante material –testimonios, documentos, peritajes e información contable– que refuerza el conjunto de hipótesis con que se venía tejiendo la investigación, pero es hora ya de que todo esto se consolide para que, una vez realizada la acusación, se inicie un proceso judicial en regla.

Galarreta anunció también que acudirán con Mark Vito Villanella, esposo de la investigada, a “gobiernos de otros países” así como a “organismos y medios de comunicación internacionales” para denunciar lo que ellos consideran una persecución política, lo cual no deja de sonar a ironía, ya que justamente ha sido el fujimorismo el que, desde sus inicios, más ha vituperado y despreciado el papel tanto de la prensa libre como el de los fueros internacionales de justicia en una democracia.

Empero, lo cierto es que, luego del fallo del juez Zúñiga, la Fiscalía tiene trabajo por delante y es su responsabilidad terminarlo sin esperar a que se cumpla el plazo de la nueva prisión preventiva.