(Foto: GEC)


FOTOS: JESUS SAUCEDO / GEC
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Los partidos políticos pierden su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones si no participan en una elección nacional o si no alcanzan al menos 5% de votos válidos en la elección parlamentaria y cinco congresistas en más de una circunscripción.

Pero en la Ley de Organizaciones Políticas hay otras causales. Sobre una de ellas quisiera llamar la atención; se trata de la declaratoria de ilegalidad de un partido político por parte de la Corte Suprema de Justicia cuando considera que las actividades del partido son contrarias a los principios democráticos. La declaratoria de ilegalidad de un partido se produce a pedido de la Fiscalía de la Nación o la Defensoría del Pueblo y tras un debido proceso.

La ley precisa los supuestos para considerar que las actividades de un partido son contrarias a los principios democráticos, y está muy bien que lo haga para evitar un uso arbitrario de esta causal. Entre esos supuestos se encuentra el vulnerar las libertades y derechos fundamentales, promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas o la exclusión por cualquier razón; así como apoyar políticamente la acción de organizaciones que practican el terrorismo o el narcotráfico.

No se trata de la proscripción autoritaria que sufrió el comunismo en varios países, el peronismo en Argentina o el aprismo en el Perú. Se trata de exigir a los partidos conductas democráticas y ajustadas a la primacía de los derechos fundamentales. La ley peruana no es la única que contempla estas regulaciones; países como Francia y Alemania sancionan a partidos y líderes que promueven o justifican la xenofobia, el racismo o el neonazismo.

Hace poco escuchamos con estupor a un candidato presidencial proponer que las niñas violadas sean instaladas en un hotel cinco estrellas y luego den en adopción a sus bebés; afirmaciones como esta constituirían una justificación o exculpación de un atentado tan grave como es la violencia sexual contra menores de edad. Hemos escuchado también discursos homofóbicos y xenófobos, especialmente contra los ciudadanos venezolanos que llegaron huyendo de la crisis humanitaria de su país. Hay en el actual Congreso partidos cuyos voceros exaltan la violencia del ‘Andahuaylazo’, como hay aquellos cuyos líderes son investigados por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Recordemos que en 2012 el JNE rechazó de forma correcta la inscripción del Movadef porque en su ideario enarbolaba el “marxismo, leninismo, maoísmo – pensamiento Gonzalo”, el mismo que usó Sendero Luminoso para las atrocidades que todos condenamos.

Por todo ello, y antes de que posturas contrarias a la convivencia democrática y al derecho a la vida se extiendan, considero oportuno lanzar la pregunta: ¿no deberían la fiscal de la Nación y el defensor del Pueblo examinar si los casos reseñados atentan contra los derechos fundamentales y los principios democráticos y –por tanto– ameritan una acción para declarar la ilegalidad de esos partidos aplicando la ley vigente?


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