Ministro del Interior, Luis Barranzuela, saluda al mandatario Pedro Castillo (Foto: archivo GEC)
Ministro del Interior, Luis Barranzuela, saluda al mandatario Pedro Castillo (Foto: archivo GEC)

La fuga de cinco piezas clave de la organización delictiva que la Policía denomina Los Dinámicos del Centro ha socavado –hasta el ridículo– una de las principales banderas de la campaña presidencial de Pedro Castillo, que su gobierno supuestamente iba a ser implacable en su lucha contra la corrupción.

Nadie ignora que el entramado de esa red criminal alcanza incluso a poderosas figuras ligadas al Ejecutivo y al partido oficialista, Perú Libre. Y es justamente eso lo que ha encendido las alarmas y tiene a la opinión pública en vilo.

Para empezar, la sola presencia en el gabinete de Luis Barranzuela, un ministro que antes fue asesor legal de PL y abogado directo de Vladimir Cerrón y Guido Bellido en distintos procesos judiciales, quien, además, ahora está a cargo de la Policía y de otras áreas estratégicas en la lucha contra el crimen, es un acto que linda con la corrupción. Por lo pronto, en el caso de los perulibristas fugados −Arturo Cárdenas ‘Pinturita’ y compañía−, se demoró 13 largos días en ponerlos en la lista de recompensas del Ministerio del Interior.

Por si eso fuera poco, y muy aparte del evidente conflicto de intereses, los antecedentes profesionales del ministro, así como sus puntos de vista sobre temas como el manejo de los cultivos de coca, tampoco ayudan a que el país pueda confiar en su idoneidad para el cargo.

Pero son las dudas sobre el interés real en ocuparse del caso Los Dinámicos lo que ha cobrado mayor importancia, pues no son pocos los que sospechan que ‘Pinturita’ estaría siendo protegido por las altas esferas del oficialismo, como lo demostraría el curso de su presunta fuga a Bolivia, para ocultarse bajo el ala de Evo Morales y los suyos. El argumento −risible por lo demás, ante el volumen de evidencia acumulada− de que las investigaciones de la Fiscalía responden a una “persecución política”, como alega el perulibrismo, ya merece una respuesta oficial.

Con declaraciones pomposas sobre la lucha anticorrupción no alcanza. La voluntad de luchar contra esta lacra se debe traducir en estrategias, gestos políticos y hechos concretos. Ya es hora de que el valeroso trabajo del Ministerio Público sea respaldado no solo por la ciudadanía, sino, sobre todo, por el presidente de la República.