(GEC)
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Los transportistas de carga pesada han ratificado la realización de un paro para este lunes 27 de junio y en las últimas horas sus dirigentes han precisado que será indefinido, haciendo prever que una nueva crisis nacional, como la ocurrida en abril, podría estar esperando a la vuelta de la esquina.

Una reunión entre los gremios involucrados y el MTC, realizada ayer para intentar zanjar el conflicto, terminó sin que se arribara a buen puerto, por lo que la medida de fuerza se mantiene.

Las demandas son casi las mismas que las de abril, aunque hoy potenciadas debido a que los combustibles no solo no han dejado de subir, sino que, en general, todos los precios siguen el curso de una empinada pendiente de ascenso.

Gremios de agricultores y de trabajadores del campo, así como de algunos sectores urbanos como la Confederación Nacional Agraria, la Confederación Campesina del Perú y la CGTP han anunciado, asimismo, que se plegarán al paro durante los días 27 y lo alargarán hasta el 28. Su protesta es por la falta de apoyo en el suministro de fertilizantes –cuya escasez y carestía se agrava semana a semana, ya no solo por la coyuntura internacional, sino por la incompetencia del Ejecutivo– y la postergación indefinida del inicio de la denominada y archiprometida segunda reforma agraria que, para variar, quedó solo en promesa y oropelado ceremonial de lanzamiento.

Más allá de la pertinencia de todas las demandas, lo real es que, así como la Unión Nacional de Transportistas de carga pesada (UNT) y los mencionados colectivos agrarios se han sumado a la ola de conflictos sociales, el cuestionamiento al manejo que Castillo y los suyos están haciendo de la economía es generalizado.

Es decir, la crítica situación por la que pasan los sectores implicados en esta peligrosa protesta, sitiados por la inflación y una serie de disposiciones tan erráticas e inefectivas como las autoridades que las implementan, es perfectamente homologable al resto de actividades económicas en el país. La indignación es comprensible.

Hace tiempo que el Gobierno está sobre aviso, pero, como en la anterior oportunidad, no ha dado señales de estar interesado en desactivar la bomba. A no dudarlo, será la ciudadanía quien pague las consecuencias.





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