Senace resolvió en primera instancia que la empresa Terminal Portuario Paracas – TPP no podrá transportar concentrado de minerales a través de la Reserva Nacional de Paracas. Aunque se trataba solo de una decisión preliminar dentro de un procedimiento que continúa, la noticia trajo optimismo para quienes vemos en esa operación minero portuaria un despropósito: con 3,000 kilómetros de línea costera, ¿por qué tenemos que afectar Paracas? La resolución era una señal de que el Estado podía solucionar con una mano el error que había cometido con la otra, pero, al revisarla con cuidado, el futuro no se ve así de alentador.
Senace deja la mesa servida para que en un futuro los minerales circulen por Paracas: si bien no aprobó la modificación al EIA presentada por TPP, sí ha dado por subsanadas una serie de observaciones bastante graves que pondrían en cuidados intensivos a la Reserva Nacional. La apelación de TPP no se hará esperar. Es su derecho presentarla, mientras que el nuestro es asegurar que las reservas naturales no queden desprotegidas cada vez que surja una idea de negocio.
Por cierto, la amenaza de TPP de una posible demanda internacional está vacía. Que tengan un contrato de concesión no obliga al Perú a otorgar una licencia ambiental si el proyecto no cumple con criterios ambientales mínimos: el contrato no puede ir contra la ley local.
Las empresas mineras tienen aquí una oportunidad de mostrar su compromiso con las operaciones sostenibles. Su silencio calculado da a entender que este proyecto no es gravitante para sus exportaciones. El componente minero del puerto de Paracas es muy pequeño, pero trae altísimos riesgos, algo de lo que cualquiera se daría cuenta rápidamente. El único gran beneficiado con esa ampliación sería el operador del puerto. En el balance general, Perú perdería al crear un precedente letal y sacrificar uno de sus mayores activos naturales.
