Quien haya ido, sabe que la bahía de Paracas es un lugar mágico. Está conformada por el desierto inmenso, un mar que energiza a cualquiera y vida animal incomparable. La armonía que ofrece esa composición natural difícilmente puede conseguirse, menos en un mundo cada vez más urbanizado y conquistado por las necesidades de todos los días. Que el Perú tenga remansos como la bahía de Paracas es un privilegio al que nos tenemos que aferrar, así que es incomprensible que la codicia de unos pocos la estén poniendo en riesgo. Ningún monto de dinero lo justifica.

Que el 2014 se haya aprobado la ampliación del puerto General San Martín, ubicado en medio de la bahía, en Punta Pejerrey, ya había sido un despropósito. La ampliación comenzó para la exportación de productos agrícolas y de pesca, lo que inevitablemente incrementaría la cantidad de camiones que transitan por el corazón de la reserva nacional, a metros de flamencos y aves. El impacto negativo era evidente. No suficiente con esto, el 2018, la concesionaria del puerto decidió que también era necesario transportar concentrado de minerales pesados, así que inició una campaña para cambiar su EIA. Esto implica construir depósitos de zinc y cobre.

Este parece un buen ejemplo de la vieja costumbre de poner en marcha un contrato y, luego, con la pelota rodando en la cancha, cuando es más difícil detenerla, cambiar las reglas de juego. En un primer intento, Senace rechazó las modificaciones al EIA, pero la concesionaria Terminal Portuario Paracas logró reabrir el asunto. Ahora, ante la insistencia y las presiones, Senace tiene la obligación de proteger la reserva nacional de Paracas frente a cualquier riesgo. Ya hemos permitido demasiada destrucción como para seguir arrodillándonos irreflexivamente ante cualquier inversión.

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