Para trazar la cancha

La última encuesta del IEP recoge un respaldo mayoritario a la reforma constitucional. Las diferencias se encuentran en qué tan extensa debe ser. Para el 49%, se necesita una modificación parcial, mientras que el 48% se inclina por una total, es decir, un nuevo texto. Únicamente el 2% defiende la situación actual y rechaza la posibilidad de cambios. Estos datos guardan relación con sondeos anteriores (Datum y CELAG). La cuestión constitucional estará presente en la campaña electoral.

El panorama fue distinto en 2016. Si usamos de referencia los planes de gobierno y el respaldo obtenido en la primera vuelta –criterio debatible, pero que algo indica–, las candidaturas que ofrecían una nueva Constitución sumaron, aproximadamente, 23%; quienes ofrecieron hacer reformas puntuales 37%, y quienes no tocaban a la Constitución 40%. Esta última posición es la que se ha desplomado desde entonces.

No es difícil intuir por qué. El periodo de gobierno 2016-2021 viene siendo el más accidentado constitucionalmente desde 1993. El enfrentamiento permanente entre poderes y una crisis de representación acentuada son algunas de sus notas características. Adicionalmente, la pandemia y la crisis económica han exhibido limitaciones, defectos e insuficiencias del marco actual.

No obstante, a diferencia de lo que se aprecia en Chile (Ipsos noviembre), no existe un proceso maduro de reflexión sobre los aspectos que requieren cambios. Se pregunta y responde con generalidad y no necesariamente en el ámbito de lo constitucional.

Por ello, y dado que la cuestión constitucional trasciende a las capacidades del gobierno de transición y del Congreso actual, será importante que las candidaturas se posicionen al respecto y planteen puntos concretos. Incluyendo uno trascendental: las formas. Y es que, en materia constitucional, el procedimiento condiciona el resultado.