Hace unos días, el Ministerio de Trabajo aprobó la creación del “Registro de Trabajadores en la Informalidad Laboral”. ¿Su objetivo? Identificar a los informales. ¿Su utilidad? Poco clara, cuando no se hace nada para cambiar las razones por las que existen. ¿Su verdadero objetivo? Fingir que están haciendo algo útil. Con esta norma me queda claro que “donde termina la razón empieza el Perú”, nadie con un poco de sentido común se le ocurriría una barbaridad así.
Es impresionante que algún funcionario público tenga la magnífica idea de crear un registro para informales, cuando lo único que quieren los informales es no hacer trámites burocráticos. El Perú necesita que las condiciones para formalizarse sean razonables, es decir menos normas absurdas, menos registros, permisos y licencias inútiles y menos funcionarios creativos de lo absurdo. Hoy solo el 29% de los trabajadores gozan de la sobreprotección legal del Estado; sin embargo, más de 12.3 millones de peruanos deben sobrevivir sin contrato, sin estabilidad, sin beneficios. No porque quieran, sino porque formalizarse los mataría financieramente. Solo abrir un negocio puede tomar varias semanas entre trámites, licencias y requisitos absurdos. Contratar formalmente cuesta casi 40% más que hacerlo informalmente.
¿De qué sirve identificar a los trabajadores informales si no se va a hacer nada para cambiar esta realidad? Lo que necesitamos no es un mapa de la informalidad, sino una derogación para volar todos los obstáculos que la producen: un marco laboral rígido, fiscalización punitiva y una mentalidad estatal que sigue creyendo que la protección del empleo formal se logra con más regulaciones, no con más oportunidades.
Según un reciente informe elaborado por ComexPerú, la informalidad afecta al 70.9% de los empleos en el país, con una tasa que apenas se ha reducido en una década (era 72.8% en 2014). Peor aún, el 94.5% del empleo rural es informal, y el agro sigue siendo el sector más excluido del sistema. De cada 10 jóvenes, solo uno tiene empleo formal, ocho tienen empleo informal y el que queda, está desempleado.
El problema no es diagnóstico ni la creación de más registros, es decisión de hacer lo correcto por la mayoría de los trabajadores desprotegidos. El mismo reporte advierte que hay 2.3 millones de personas que quieren trabajar, pero no pueden siquiera buscar empleo por las limitaciones que enfrentan. Mientras tanto, el Ministerio de Trabajo lanza programas, comités y registros, pero sigue sin mover una sola coma del régimen que impide que un emprendedor contrate o crezca sin ser castigado por la Sunafil.
La informalidad no es una anomalía, es el sistema funcionando como fue diseñado: excluyente, lento, inviable. Si el Ministerio de Trabajo no va a liderar un verdadero shock de formalización, entonces no necesita reformarse. Necesita desaparecer.
