Los comuneros llegaron a un acuerdo . (Foto: GEC)
Los comuneros llegaron a un acuerdo . (Foto: GEC)

En los conflictos mineros, el centralismo limeño tiende a silenciar las voces de las autoridades locales, quienes suelen tener bastante más que decir que lo que algunos quisieran. Es más fácil meter a todos en el poso séptico al que pertenecen los extorsionadores, que reconocer el legítimo derecho que otros tienen a reclamar y a estar en el nivel más alto de la toma de decisiones.

Buen ejemplo de esto aparece en la entrevista publicada en el portal a Porfirio Gutiérrez, alcalde de Challhuahuacho, uno de los 6 distritos de Cotabambas, donde se encuentra Las Bambas. Ese distrito es particularmente importante porque fueron sus comuneros quieren iniciaron las protestas de 2015 y es con ellos con quienes se está dialogando.

La entrevista es reveladora porque muestra los claroscuros que han existido en la relación entre la minera, la población y el Estado. Sobre todo, evidencia la ausencia de este último. Antes del inicio del conflicto en 2015, como dice el alcalde entrevistado, “la comunidad apoyaba a la mina porque Xstrata se convirtió en el ‘papá’, en un Estado: apoyaba con profesores y había campañas médicas, fiestas y cuyadas”. Cuando la población sintió que la empresa dejó de cumplir, las cosas se calentaron. La empresa hizo de papá, pero lo dejó de ser. ¿Y el Estado? Bien, gracias.

La ausencia histórica del Estado en la relación población-empresa hace que sea tan difícil para los gobiernos salir airosos de estos conflictos, como le sucedió a García en la sangrienta Bagua o a Humala con Conga. Diera la impresión de que esta vez la historia puede tomar un nuevo rumbo, pero no será tan fácil. Un Estado ausente siempre es un riesgo para todos.

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