Las investigaciones contra el expresidente son llevadas a cabo por la fiscal de la Nación. Foto: GEC
Las investigaciones contra el expresidente son llevadas a cabo por la fiscal de la Nación. Foto: GEC

El drama de la administración de justicia refleja también el centralismo que tanto daño hace al Perú. Más allá de desbordes poblacionales y brechas socioeconómicas, las fiscalías y los juzgados del interior del país parecen moverse a un ritmo muy distinto del que se acostumbra en la capital, sobre todo en lo que se refiere a la lucha para acabar con las lacras de la corrupción.

Lo que está sucediendo en la Fiscalía Provincial Anticorrupción de Junín, más que elocuente, es sencillamente escandaloso: de los 5,132 casos que se ingresaron entre el 2011 y el 2020, son 1,462 los que continúan todavía en trámite –según un reporte fiscal interno de diciembre del año pasado–, es decir un 30%, algunos de ellos cerca incluso de cumplir una década sepultados bajo polvorientas torres de expedientes y legajos. Y entre ellos dormita asimismo el rosario de denuncias en contra del exgobernador regional Vladimir Cerrón, por presuntos delitos ligados a corruptelas de toda escala y hasta de lavado de activos.

Un informe de esa misma dependencia de la región Junín, enviado hace seis meses a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, describe con cuidado la morosidad con que se mueven casos e investigaciones en la zona, debilitando significativamente la lucha contra la corrupción en las regiones, como se grafica en el reportaje publicado en Perú21.

Ello explica además por qué los dineros públicos provenientes muchas veces del canon minero u otras riquezas naturales nunca lleguen a los más necesitados –de lo que se aprovechan las ideologías de izquierda o los antisistema para motejar al modelo de injusto o abusivo–, pues terminan en los bolsillos de sus autoridades, y cuando se les abre investigaciones, estas pesquisas quedan a medio camino o se fondean en los archivos.

Lo sorprendente es que la Fiscalía de la Nación tiene el informe de Junín en sus manos desde hace casi medio año y cuando este diario preguntó qué acciones habían tomado al respecto, la respuesta fue el silencio.

Esperemos que el nefasto ninguneo a lo que ocurre en las regiones, cuando sus problemas se evalúan desde la fría distancia de un escritorio limeño, no sea la explicación. Porque, entonces, ya no estaríamos hablando solo de incompetencia, sino de complicidad.

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