"El Congreso dijo que sí, la calle dijo que no y el Tribunal Constitucional (TC) se lavó las manos en lugar de arbitrar".
"El Congreso dijo que sí, la calle dijo que no y el Tribunal Constitucional (TC) se lavó las manos en lugar de arbitrar".

Hace 3,700 años Hamurabi, sexto rey de Babilonia, reunió las leyes de su imperio y dijo que se las había dado Dios. Se esculpieron en escritura cuneiforme, en una enorme piedra negra en forma de cilindro que se exhibe en el Louvre. Así nació el Derecho.

Esas primeras leyes se basaron en un principio: si recibo algo debo darte lo mismo. Doy para que des. Suena bonito hasta que se aplica al Derecho Penal: “… si un hombre destruye el ojo a otro hombre, se le destruirá el ojo a él”. Después se vulgarizó como “ojo por ojo, diente por diente”, la ley de la venganza. A nosotros nos parece repugnante, pero era normal para los babilonios de entonces. Acontece que el Derecho, finalmente construido en palabras, va cambiando según el significado que se atribuyan a esas palabras.

El derecho a la propiedad, por ejemplo. Todas las constituciones dicen más o menos lo mismo: que debe ser usada en función del interés social. Pero Velasco la leyó de un modo que le permitió confiscar haciendas para entregárselas a los campesinos; en tanto que para la historia reciente, ese mismo texto ha servido para promover la inversión privada, desarrollar la agricultura y convertir al Perú en líder mundial en la exportación de frutas frescas. Interpretar las normas constitucionales según los vientos de cada época se produce porque el Derecho es una pirámide en la que una norma inferior se interpreta conforme a la norma superior. Sin embargo, como no hay nada encima de la Constitución que permita interpretarla jurídicamente, se interpreta políticamente.

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Es lo que ha pasado. La crisis se produce por interpretar si las denuncias de soborno contra constituían o no una incapacidad moral para ejercer la presidencia. El Congreso dijo que sí, la calle dijo que no y el (TC) se lavó las manos en lugar de arbitrar. Al final se encontró una solución práctica. Pero el régimen político ya no da para más. Hay una reforma en marcha que tiene que ver con las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso, cómo se organizan los partidos políticos, cómo se eligen a los representantes, si se pueden reelegir y si habrá cámara de senadores, convenir una mejor Contraloría que evite corrupción sin paralizar obras y un consenso para elegir mejores integrantes en el TC.

De eso se trata, de cambiar lo que ha fallado. Esa es la función de la Constitución, proponer reglas para nuestra vida política. Mejores servicios públicos y más empleo se consiguen con equilibrio fiscal y libertades económicas, y eso sí ha funcionado.

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