Contando Tía María, las inversiones mineras paralizadas por conflictos alcanzan los US$ 7,200 millones. En esta obra teatral con tres actores (el Estado, la empresa minera y las comunidades) uno de ellos parece no haber aprendido bien el guion. El Estado no ha sido eficaz en su rol de fiscalizador o mediador.
Aunque existan intereses políticos detrás de los movimientos antimineros de las comunidades, no se puede pensar que sus acciones son totalmente inducidas. Ellos han reaccionado según el contexto, a diferencia del que no aprendió sus líneas: el Estado. Sus programas de comunicación han sido precarios, tanto al transmitir las inquietudes de las comunidades como los beneficios de los proyectos. Asimismo, considerando que el sector minería e hidrocarburos exhibe el mayor número de sanciones vinculadas a normativa ambiental, se hubiera esperado un Estado más involucrado. En cambio, la supervisión preventiva ha sido deficiente; los mecanismos de disuasión, ineficaces y la capacidad para efectuar sanciones, limitada.
Es cierto que ha habido buenas intenciones, pero se necesita abordar este tema de forma más estructurada. Ante el letargo de la economía, el gobierno debe salir a escena y mostrar que ya leyó el libreto. ¿Cuánto más se esperará por ello?