Son unos miserables en el Congreso y en el gobierno de Dina Boluarte, aprobando más leyes para seguir debilitando la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. En su afán de evadir a la justicia y blindarse a futuro de los delitos que vienen cometiendo, no se les ha ocurrido mejor idea que trastocar el Código Penal y limitar la acción de la Fiscalía y la Policía para acorralar a los criminales.
Han debilitado los procesos de allanamiento que permitían agarrar a los delincuentes con las manos en la masa, ahora se requiere pedirles permiso y que dispongan sus abogados de tiempo para poder hacer un allanamiento. De la misma manera ya no se puede disponer de los bienes mal habidos que la delincuencia ha obtenido, porque hay otra disposición infame que limita la incautación de estos bienes y activos que se han generado ilegalmente.
Además, acaban de aprobar otra ley infame, que elimina las detenciones preliminares, un apremio del que disponía un juez, ante la gravedad de los delitos, para capturar temporalmente al delincuente, de manera sorpresiva y así evitar su fuga cuando se solicitaba una prisión preventiva.
Esta estrategia judicial, que es universal y se aplica en cualquier país del mundo, permitía desentrañar a las bandas organizadas de delincuentes, incluidas las de los políticos corruptos, que se veían en apremios y obligados a colaborar con la justicia ante la detención judicial. Basta ver cómo cayeron organizaciones criminales de extorsión, secuestro, narcotráfico y, por supuesto, las redes de corrupción, fue así como se pudo llevar al banquillo de los acusados a todos los expresidentes de este siglo, además de Keiko y Susana Villarán.
Ahora, con esta infame ley se ata de pies y manos a la Fiscalía y la Policía de investigación que para desarrollar esta estrategia desplegaban toda una logística y labores de inteligencia policial para capturar a los delincuentes, incluidos los de cuello y corbata, que ahora se prestan desde el Congreso a promover estas normas infames; y Dina Boluarte las promulga sin ningún desparpajo en el colmo del cinismo.
Es una obligación patriótica que los jueces apliquen el “control difuso” a estas normas y no se hagan efectivas. Asimismo, desde el Colegio de Abogados, las facultades de Derecho y la propia sociedad civil se tiene que presentar una demanda de inconstitucionalidad de esta maldita ley, que fácilmente mañana permitiría que el violador de la niña de Villa María del Triunfo salga en libertad porque no ha sido capturado en flagrancia.