Subsistema anticorrupción impuso 212 condenas a funcionarios públicos. (USI)
Subsistema anticorrupción impuso 212 condenas a funcionarios públicos. (USI)

Cuando los peruanos escuchan la palabra anticorrupción, saltan y vibran tal vez con mayor intensidad que cuando nuestra selección de fútbol marca un gol. Si nos asomamos a este clímax nacional, descubriremos que donde cada quien identifica a la corrupción se depositan frustraciones y postergaciones pasadas, presentes y futuras que tienen siglos, invadiendo una mirada positiva de nuestra historia.

Con fruición y deleite, la gente denomina como corrupto a la autoridad o al político de sus antípodas, aunque no haya sanción previa. En los idus que vivimos nos han bombardeado sistemáticamente con la idea de que lo deshonesto es igual al Congreso y que este es igual al fujimorismo.

Entonces pasamos, más rápido que en el fugaz orgasmo, a grabarnos en la mente y en el alma que los políticos son todos rateros, pero principalmente los apristas y los fujimoristas. De ahí al odio visceral hay milésimas. Hasta que se instala en el ADN de un sinnúmero de peruanos. Esto gracias a los psicosociales que padecemos en estos tiempos aciagos, cuando los medios actúan con escasa objetividad.

El gobierno del presidente Martín Vizcarra se presenta como el abanderado de la lucha anticorrupción. El recurso de prometer acabar con los pillos y cacos, vinculándolos al Congreso, le dio alta popularidad. Sin embargo, tanto él como el anterior gobernante están relacionados al caso Chinchero, que amerita una profunda indagación. Según se sabe, tiene cerca de 40 investigaciones y tres procesos penales.

No vemos colaboración para someterse a las pesquisas. Contrariamente, muchos observamos espantados la sistemática y artera campaña para dinamitar, si es posible, al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry. Al interior del Ministerio Público hay un depredador, el fiscal Pablo Sánchez, que realiza una labor de zapador nunca vista en la historia de la institución, politizándola.

El porqué es obvio, obstruir las investigaciones del caso Lava Jato como cuando Sánchez jefaturó la Fiscalía. La más grande corrupción estatal que envolvió a privados como una Casandra devoradora y que ha hecho perder el rumbo a muchos medios, volviendo a la más noble de las profesiones el más vil de los oficios.

En esa ruta se empoderó a la categoría de semidiós a un fiscal ‘fulero’ y politizado que atropella el derecho sin freno, obteniendo la claqueta pese a su conducta arbitraria. Existe una suerte de partido político mediático que suprime la importancia del informe Lava Jato, denigrándolo porque no están incluidos Keiko Fujimori y Alan García. Pamplinas. ¡Oh, anticorrupción, cuántos crímenes se cometen en tu nombre! Entretanto, la salud ha colapsado.