Pedro Castillo caminó desde Palacio de Gobierno hasta la sede del TC, en el jirón Ancash (Foto: Jorge Cerdán/Grupo El Comercio)
Pedro Castillo caminó desde Palacio de Gobierno hasta la sede del TC, en el jirón Ancash (Foto: Jorge Cerdán/Grupo El Comercio)

La magistrada y presidenta saliente del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma, con la autoridad que se ha ganado como demócrata, ha vuelto a poner sobre la mesa, con este 2022 apenas inaugurado, una de las malas prácticas que, por su gravedad y reiteración, han puesto bajo sospecha permanente a este gobierno y a su conductor Pedro Castillo: la transparencia.

Una vocación que se manifiesta día a día –o noche a noche, más bien– en su forma de hacer política, en la proclividad a actuar en la nocturnidad, en sus ataques a la prensa libre, en los obstáculos que pone al acceso a la información o incluso –cuando arrecian críticas y denuncias– cuando pretende chantajear a los medios a través del reparto de publicidad estatal.

Es decir, un gobierno que, desde que se instaló, ha buscado en todo momento controlar lo que la ciudadanía debe saber sobre los conciliábulos secretos donde, al parecer, sus máximas autoridades deciden no solo acuerdos políticos sino también contratos o nombramientos. De ahí la necesidad, seguramente, de moverse fuera de los radares institucionales, violando aquello que manda la ley. Porque es la opacidad lo que suele requerir el delito, o simplemente lo ilegítimo, para poder concretarse.

“Basta ya de secretismos, de actos reservados, (entre) cuatro paredes. Cuando se ejerce la función pública se debe hacer de manera abierta y transparente. No hay forma de estar realmente con el pueblo si se gobierna a espaldas o a escondidas de este”, señaló la ilustre jurisconsulta en el discurso de inicio del año jurisdiccional del TC, ceremonia a la cual asistió el presidente de la República, que, esperamos, haya entendido quién era el destinatario de este público llamado a la reflexión.

Pero entrevistada por Perú21, extendió luego su mensaje hacia la Fiscalía de la Nación, que decidió postergar cualquier investigación a Castillo hasta cuando acabe su mandato: “Hay que hablar de la efectividad de las investigaciones. Después de cinco años va a regresar a la escena donde se ha generado las situaciones delictivas… ¿va a encontrar las evidencias? Hay que ser bien ingenuo para pensar eso…. La investigación tiene que ser en el acto. Y la puede hacer perfectamente el Ministerio Público…”.

Más claro no canta un gallo.