Que la violencia crece descontroladamente en el país por obra del crimen organizado, la delincuencia común y la lenidad del Gobierno, es una realidad incontrovertible. La ciudadanía lo vive todos los días. Ocho de cada 10 peruanos se sienten inseguros al salir de sus casas, según registra una encuesta de Ipsos de fines de 2024.
Las economías ilegales le están ganando terreno al Estado de derecho, a menudo con la complicidad de congresistas que anteponen sus intereses mezquinos a los del bien común. Por su parte, las medidas del Ejecutivo para contener esta ola delictiva –declarar estados de emergencia a diestra y siniestra– lucen insuficientes, erráticas y casi nulas en cuanto a resultados. Las bandas que parecen haberse repartido el territorio nacional para cometer sus fechorías continúan moviéndose a su gusto en las narices de las autoridades regionales y nacionales.
Si bien es cierto que los transportistas, formales e informales, figuran entre los sectores económicos más afectados por la extorsión –se dice que el 80% de ellos se ven forzados a pagar cupos– conviene tener cuidado con movilizaciones como las que se han convocado para el próximo jueves 6.
La exigencia de una lucha frontal contra la extorsión es legítima, como puede serlo la de derogar la ley de crimen organizado y que no se apruebe hasta ahora en el Congreso ninguna norma que tipifique el delito de terrorismo urbano, como el que viene asolando, por ejemplo, las zonas mineras de La Libertad.
Pero una cosa es ejercer el derecho de protesta que protege la Constitución ante un escenario que está sobrepasando al Gobierno, y otra intentar obtener réditos políticos sembrando el caos que pregonan agrupaciones extremistas.
Y es precisamente porque uno de los organizadores de esta marcha –Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas– es militante del disuelto partido A.N.T.A.U.R.O., que la movilización no deja de estar bajo sospecha.
Recordemos que en eventos similares del año pasado, además de las huestes de Antauro Humala, se infiltraron también los partidos de Verónika Mendoza, Martín Vizcarra y grupos castillistas vinculados al Movadef-Sendero Luminoso. Todos ellos sumando entonces distintos reclamos fuera de lugar, pero que en esta oportunidad seguramente cobrarán un claro tinte electoral.
De modo que la ciudadanía deberá permanecer alerta ante una posible manipulación de la protesta. El Perú necesita soluciones inmediatas, pero consistentes, para retomar la ruta hacia un futuro mejor. La demagogia de los extremistas de siempre sale sobrando.