(Foto: Manuel Melgar/GEC)
(Foto: Manuel Melgar/GEC)

La exhortación del ministro de Educación, Ricardo Cuenca, al Congreso de la República, para que respete la moratoria de creación de universidades en el país, tiene mucho sentido, pues de no ocurrir así se debilitaría el trabajo de la Sunedu. Pero como para nadie es un secreto que este ente supervisor está en la mira de los lobbies de las universidades bamba, transversales a las bancadas que dominan el Parlamento, el gobierno de transición que preside Francisco Sagasti tendrá que ponerse firme.

Lo que sincronizadamente están difundiendo ahora –y que fue exclamado incluso por el premier del efímero gobierno de Manuel Merino, Ántero Flores-Aráoz– es que las instituciones con licencia denegada merecerían “una segunda oportunidad”, como si nunca hubieran tenido tiempo, recursos o posibilidades para subsanar sus deficiencias estructurales.

El propio ministro Cuenca lo reafirma en esta edición de Perú21: “Hay que ser respetuosos de los procedimientos, de las normas, y yo estoy absolutamente convencido de la alta calidad técnica de Sunedu y del papel fundamental que cumple en el fortalecimiento del sistema educativo universitario peruano. Volver a segundas oportunidades sería un retroceso”.

Lo que ocurre es que estas universidades, de tan cuestionable calidad académica, buscan que se les permita reabrir y seguir operando, prácticamente, en las mismas condiciones que determinaron su cierre. No de otra manera se puede explicar que la Comisión de Educación del Congreso, encabezada por Rubén Ramos Zapana (UPP), haya recibido ayer a representantes de estas empresas supuestamente educativas, que medraban a costa de la juventud peruana. “Vamos a escucharlos para que sientan que en algún sitio se les escucha” había adelantado el parlamentario antaurista.

¿Por qué el Congreso tendría que recibir a autoridades de negocios a los que se les ha denegado licencia debido a sus malas prácticas? ¿Fue acaso esta reunión para definir una nueva estrategia para tumbarse a la Sunedu? Pronto lo sabremos.

Pero de lo que no cabe duda es que tanto el gobierno como la ciudadanía y la prensa independiente debemos estar atentos, pues frente a la reforma universitaria no se debe dar un solo paso atrás.