El gobierno español se ha enrumbado en la línea de legislar peligrosamente. Omito hablar de la ley del “solo sí es sí” que ya ha empezado a causar problemas de interpretación a los jueces.
Ahora la herida más sangrante viene de la “Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans”. Me sorprende el “nomen”. No me parece adecuado, ni siquiera respetuoso con ese colectivo recurrir al coloquial “trans”, para referirse a personas encerradas en un cuerpo que no responde a su identidad sexual.
Según la propuesta legislativa, el cambio de sexo se hará, sin necesidad de informe médico o psicológico. Bastará que uno diga que quiere ser “una” para que cambie el nombre y el sexo. Las feministas del Partido Socialista han puesto el grito en el cielo.
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Pero el punto que levanta más ampollas es el del derecho que la ley reconoce a los menores “trans”, quienes sin médicos o la autorización o conocimiento de sus progenitores podrán pedir el cambio de sexo.
He de confesar que desconocía que estas personas, las llamadas “trans”, sufrieran condicionamientos en el ejercicio de sus derechos distintos a los que podamos sufrir el resto de los mortales. Distintos al de los hombres y mujeres homosexuales o no, o el de los que sufren discapacidad, o el de quienes por razón de su raza, educación, cultura o religión no pueden acceder a los derechos de los “demás” en similares condiciones de ejercicio.
Lo que pasa es que con esta compartimentación de la sociedad y de sus miembros, me da la sensación de que vamos a tener que ir creando leyes por cada grupo que se considere “distinto”.
Por cierto, aviso que también se está preparando la ley del bienestar animal. Como sigamos así…
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