Probablemente el caso de Alejandro Toledo sea el proceso de corrupción en el que la Fiscalía peruana tenga los mejores y más contundentes elementos de prueba. Para quien haya seguido el caso, está claro que –con la excusa de trabajar en obras para el pueblo– Toledo recibió dinero indebido a cambio de favorecer a Odebrecht en diversas obras públicas. Ninguno de sus muchos argumentos resultó creíble: ni que el dinero viniera de una indemnización que su suegra recibió por los horrores del Holocausto, ni que lo consiguió producto de su esfuerzo y sus inversiones. Está claro que vendió, por 25 millones de dólares, la esperanza de quienes votaron por él para ocupar el cargo de presidente de la República.
Lo que todas y todos se preguntan es ¿cuándo se hará justicia?, ¿cuándo por fin lo tendremos en el Perú para que asuma sus culpas? Si bien el proceso de extradición ha ido avanzando y ya el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha concedido la extradición, aún no podremos tener a Toledo en el Perú, debido a que su defensa ha planteado un último recurso al alegar que en el proceso de extradición se han vulnerado sus derechos. Este recurso ha sido rechazado en primera instancia, pero se encuentra en apelación por la defensa de Toledo.
Esta apelación motivó que el Departamento de Estado de los Estados Unidos le solicitara a la justicia americana que durante la tramitación del recurso planteado por Toledo se le levantara la fianza, se le detuviera y se ordenara su prisión preventiva. A la fecha, esto ha sido evaluado por el juez americano Thomas H. Hixson, quien ha solicitado al Perú conocer el tiempo que les llevaría a las autoridades peruanas el traslado de Alejando Toledo, en caso de que concediera una prisión preventiva, enfatizando que accederá al pedido de detención si el Tribunal que conoce la apelación de Toledo la rechaza.
Pero ¿qué tantas posibilidades puede tener Toledo de que la apelación planteada se resuelva a su favor? Podemos hacernos una idea de la respuesta si tomamos en cuenta que ya el proceso regular de extradición contra Toledo fue resuelto por la justicia americana a favor del Perú, habiéndose superado los dos niveles que debían pronunciarse al respecto: el judicial y el ejecutivo. Lo que Toledo ha cuestionado en este último intento de librarse de la justicia peruana es que “todo” el proceso de extradición estuvo plagado de vulneraciones de derechos, por lo que aceptar su pedido implicaría que la justicia americana aceptara el dicho de Toledo, lo que no resulta muy probable si tomamos en cuenta que su pedido ya fue rechazado en primera instancia.
Por ello, se puede decir que las horas de Toledo están contadas y que su venida al Perú es casi un hecho. El expresidente difícilmente podrá escapar de su destino en Perú y, tarde o temprano, tendrá que afrontar las consecuencias de sus actos y de los delitos realizados en agravio del pueblo peruano y de las esperanzas de quienes confiaron y votaron por él.