(Foto: Congreso de la República)
(Foto: Congreso de la República)

Ayer titulé mi columna en interrogante, si era una guerra de mafias en la Fiscalía y la verdad es que este escándalo de corrupción trasciende más allá, e involucra directamente al Congreso y los congresistas mafiosos que ya tenían procesos penales comprometedores y que evidentemente ingresaron al Parlamento para buscar impunidad, si no remitámonos al caso de impunidad del propio presidente del Congreso, que sin vergüenza aprobó una ley para evadir una sentencia penal por estafa.

Las evidencias expuestas en las comunicaciones por WhatsApp ahora son corroboradas con los audios que confirman las componendas que se entretejieron entre la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y los congresistas, que permitieron archivar sus procesos penales a cambio de los votos con fines subrepticios.

Por eso es determinante la suspensión de Benavides, porque es insostenible que siga a la cabeza del Ministerio Público, porque pone en riesgo la cantidad de investigaciones fiscales que tienen en cartera y además se ha hecho evidente la interferencia y obstaculización de las investigaciones que tiene en su contra. La evidencia contundente es la remoción de la fiscal Marita Barreto que ya se hizo efectiva.

La profunda preocupación que se genera ahora es en la dilación que se está dando en la Junta Nacional de Justicia, para que se pronuncie sobre el destino de la fiscal Benavides, porque no puede ser posible que la titular de la institución que persigue el delito en el país tenga una acusación como presunta líder de una organización criminal.

Los que han estado estratégicamente escudándose de este escándalo son los congresistas, que se han evidenciado aún más al evitar pronunciarse sobre las evidencias que los involucran en actos de corrupción; ellos habrían incurrido en delito de tráfico de influencias, cohecho y hasta formar parte de la organización criminal juntamente con la fiscal de la Nación.

Ahora todos se han dedicado a negar al asesor caído en desgracia, cuando se puede corroborar fácilmente con el registro de visitas al Congreso la cantidad de congresistas que se prestaron a este juego perverso para copar un poder del Estado.

Necesitamos también acusaciones constitucionales contra los congresistas, a ver si queda algún digno parlamentario que pueda acusar a sus colegas, porque además ya habría un colaborador eficaz que incriminó a la fiscal Benavides y los tinglados de sus colegas congresistas.

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