(Foto: GEC)
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A estas alturas del avance de la investigación fiscal contra la presunta organización criminal enquistada en Palacio seguida por la propia fiscal de la Nación, que se traducirá en algunos días en una acusación constitucional contra el presidente Castillo, se visualiza que en el gobierno no se han quedado con los brazos cruzados. Al contrario, tendrían orquestado todo un plan para bloquear estas investigaciones.

Esta estrategia comprende varias aristas. La primera corresponde a acciones legales –leguleyadas– para entorpecer el trabajo fiscal e inundar de recursos judiciales para ganar tiempo, teniendo al abogado Benji Espinoza como punta de lanza.

Además, comprendería también el embate contra el equipo policial que trabaja con la Fiscalía, donde la cabeza de turco es el coronel Colchado, contra quien tienen la demanda en Inspectoría, los tinglados desde el Ministerio del Interior e inclusive acciones delincuenciales para silenciarlo, según dio cuenta Perú21.

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La segunda estrategia tiene sus tentáculos en el Congreso, donde, según la declaración de colaboradores eficaces, tendrían congresistas adocenados -’Niños’ y ‘Niñas’-, dispuestos a todo para salvar al presidente de la acusación constitucional, que incluiría la protección de sus esbirros –ministros cuestionados– ante cualquier intento de censura.

Queda claro que en este contexto la posibilidad de la moción de vacancia presidencial es prácticamente nula. No hay los 87 votos, ni siquiera 66 votos para aprobar una acusación constitucional.

La tercera estrategia es la narrativa que habrían preparado escrupulosamente para victimizarse y generar una corriente de opinión favorable a pesar de las pruebas contundentes que incriminan al presidente y su entorno en actos de corrupción. Parte de esta estrategia sería descalificar a las autoridades judiciales, a los oponentes y a la prensa, además de utilizar recursos públicos para hacer populismo, con bonos, nombramientos y mítines, disfrazándolo de gestión gubernamental.

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Jaime Saavedra