Estamos viviendo una arremetida conservadora y un copamiento desde el poder que ostenta el Congreso, de una manera irresponsable y negligente, que expone a todo el país. Todo por satisfacer angurrias y mezquindades que siguen degradando a la institución parlamentaria.
Lo hacen porque se sienten omnipotentes y con licencia para hacer lo que les venga en gana, y eso es sumamente peligroso en una democracia precaria, como la que vive hoy el Perú, donde se está afrontando una profunda crisis de representación política visibilizada con los altos niveles de desaprobación de los principales poderes del Estado.
Necesitamos un nuevo contrato social que reafirme la democracia y garantice la gobernabilidad, pero en este escenario es prácticamente pedirle peras al olmo, por la soberbia que muestran principalmente en el Congreso. La posibilidad real era el adelanto de las elecciones, pero fue el propio Legislativo que petardeo esta apuesta y hoy hemos llegado a este marasmo que genera escepticismo por el futuro.
Ahora que están desbocados, en el Parlamento se están yendo con todo para seguir destruyendo la institucionalidad del país sin medir las consecuencias. En realidad no tienen nada que perder, y el escenario de permanente polarización es óptimo para que se sigan aferrando a sus curules con toda impunidad.
El problema de fondo es que estas acciones sibilinas alimentan los discursos radicales que se siguen manifestando sobre todo en regiones del sur del Perú, y esto es un peligroso caldo de cultivo para nuevas manifestaciones violentas.
La ventaja que tendrán en un nuevo escenario de conflictividad es que ahora se sumarían diversos sectores del país, y se tendría una movilización mucho más consolidada que terminaría decantando en la remoción del Gobierno y el Congreso.
En el Congreso están enseñoreados y ahora pretenden la reelección y la bicameralidad para que tengan una oportunidad de perennizarse en el poder; tienen los votos para hacer las reformas constitucionales que se les venga en gana.
Quieren su propio procurador para que los defienda de tantas denuncias, confundiendo groseramente el rol y función de los abogados del Estado.
No podemos permitirles que sigan haciendo del país su chacra, es negligencia.