[OPINIÓN] Rafael Belaunde Llosa: “Por ese sendero, NO”

A pesar de las propuestas radicales, las vinculaciones íntimas con el Conare y Movadef y la evidente falta de preparación de Castillo para gobernar, él y Boluarte ganaron las elecciones por una muy ajustada diferencia.

A los 16 meses de una gestión, marcada por la ineptitud y corrupción, Castillo decidió dar un improvisado golpe de Estado.

El Congreso, en estricto apego a la Constitución, procedió a declarar la vacancia de la Presidencia de la República; de esa manera, Boluarte, en calidad de primera vicepresidenta, asumió la primera magistratura de la nación.

Su asunción fue legítima y constitucional; no obstante ello, ni bien tomó juramento, antes de que nombre su primer gabinete y sin haber siquiera hecho acto alguno, grupos violentos empezaron a bloquear carreteras y a destruir propiedad pública y privada. La virulenta reacción no era pues contra su gobierno, sino contra la misma sucesión constitucional y el Estado de derecho.

La violencia de la protesta y la contención policial, en defensa del orden público, ha dejado un lamentable saldo de más de 55 fallecidos. Quienes apoyan las protestas culpan a la Policía de excesos y abusos; sin embargo, el uso de fuerza, incluso letal, es legal y legítimo cuando la vida del efectivo corre peligro como, por ejemplo, si está siendo atacado por una multitud, con avellanas, armas de fuego hechizas y piedras lanzadas con huaracas. Debe ser el Ministerio Público el que investigue y meritúe cada caso en su propio contexto.

Esto nos deja con una interrogante: ¿incendiar comisarías, dependencias públicas, secuestrar y asesinar policías son actos de terrorismo? El terrorismo es el uso de la violencia y el terror para lograr un objetivo político. Estas protestas no son contra un acto de gobierno; son contra el hecho de que el golpe de Castillo haya fracasado y quieren, usando la violencia y el terror, interrumpir el orden constitucional.

En ese sentido, muchos de los actos violentos que hemos vivido sí son actos terroristas y deberían ser investigados y juzgados como tales.

Sería un grave error que el gobierno ceda al chantaje sectario y violentista pensando que así se calmarán las aguas. El deber del gobierno es defender el Estado de derecho y la tranquilidad de los millones de peruanos de bien que quieren seguir trabajando para mantener sus hogares, aun cuando ello implique actuar con rigor (y apego a la ley) en quienes, con la violencia y terror, quieren asaltar el orden constitucional en el Perú.

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