"En la mayoría de países desarrollados, la difamación no acarrea prisión, pero sí rigurosas indemnizaciones y desagravios públicos".
"En la mayoría de países desarrollados, la difamación no acarrea prisión, pero sí rigurosas indemnizaciones y desagravios públicos".

“Me gustas cuando callas, porque estás como ausente”. Esta es la primera línea del célebre poema de Neruda y es también (pidiendo se me perdone el abuso ignominioso de la obra del poeta) el objetivo subalterno de la infame ‘Ley Mordaza’, que el Congreso se alista a someter a segunda votación.

Parte consustancial en toda democracia es el límite del poder y el control ciudadano sobre sus autoridades. Las democracias limitan, reparten y controlan el ejercicio del poder. Es el PUEBLO, el soberano y las autoridades electas y funcionarios son SERVIDORES públicos.

En democracias débiles como la nuestra, el rol que cumple el periodismo, investigando y denunciando hechos vinculados al ejercicio del poder es vital, convirtiéndose realmente en un contrapeso y veedor crítico del poder de turno. No es casualidad que una de las primeras cosas que hacen las dictaduras y autocracias es someter a la prensa y callar a los periodistas independientes. Así las cosas, la existencia de una prensa libre e independiente es un contrapeso indispensable, en salvaguarda de los intereses ciudadanos frente al poder.

El Congreso pretende someter a segunda votación un dictamen que tiene como objetivo subir el rango de penas por el delito de difamación, al extremo de que estas puedan acarrear prisión efectiva. Los congresistas, que apoyan el dictamen, argumentan que el derecho al honor y al buen nombre debe ser salvaguardado por la ley y que las personas honorables, bienhechoras y abnegadas en el servicio público no deberían sufrir laceraciones en su honor y reputación, y que, en todo caso, si esto ocurriese, la pena que recaiga en quienes maculen honras y prestigios sea muy severa.

En principio, con una mirada poco profunda, habría la contraposición de dos derechos: el derecho a la información, veraz y oportuna, dentro de una democracia de gobierno limitado, versus el derecho al honor y buen nombre; sin embargo, esta es una falsa dicotomía.

En la mayoría de países desarrollados, la difamación no acarrea prisión, pero sí rigurosas indemnizaciones y desagravios públicos. Así, se busca la coexistencia del derecho de todos los ciudadanos a tener información veraz y oportuna con la institución del periodismo libre e independiente, investigando, fiscalizando y denunciando, con el derecho a la salvaguarda del honor, en caso de que se cometan errores, excesos o falsos testimonios.

Desincentivar el ejercicio del periodismo crítico, con la imposición de severas penas de prisión, es en el fondo incentivar la impunidad frente al delito. Basta con hacer un repaso de los casos de corrupción más sonados para advertir que estos emergieron de la investigación rigurosa de una prensa independiente. Ese es el valor que debemos preservar, por más que muchos políticos prefieran a la prensa cuando calla, porque está como ausente.