[Opinión] Rafael Belaunde Llosa: “A Dios rogando y con el mazo dando”

Nunca seremos una sociedad justa y próspera si, en vez de esforzarnos en desarrollar nuestro potencial económico, nos dedicamos a destruirlo, siguiendo por consigna ideológica experiencias regionales, como la de Venezuela o Bolivia o propias del pasado, como la nacionalización del aparato productivo bajo la dictadura de Velasco.

En el Perú, se puede hacer política y obtener votos, atacando y mintiendo sobre la minería, pero no se puede crecer a tasas significativas y reducir la pobreza prescindiendo de la participación de esta actividad extractiva. La minería tiene un impacto determinante, tanto para el financiamiento de las actividades del Estado como en la marcha de la economía real, empresarial y, sobre todo, familiar.

Para que nos demos una idea de su importancia, la minería representa el 60% de nuestras exportaciones (US$34,000 millones el año pasado), dotando así a nuestra economía de los dólares para financiar las cosas que importamos. Imaginemos el nivel del tipo de cambio y su impacto en la canasta alimenticia si esos dólares no llegasen. En suma cuenta, es la primera fuente de inversión privada en el Perú.

Solo desde que entró en vigencia el nuevo régimen tributario minero (hacia fines de 2011) a la fecha, la inversión del sector ascendió a US$53,717 millones, lo que representó el 15% de la inversión privada total.

La minería formal (aquella que está en la mira del gobierno actual) genera empleo, no solo de manera directa, sino sobre todo de manera indirecta, a través del diverso ámbito de actividades económicas conexas que los grandes proyectos mineros demandan. Contratas, subcontratas y proveedores de diversas especialidades, todas formales y mayoritariamente regionales, se benefician con la minería y con ello sus trabajadores y familias.

De igual modo, el sector minero aporta más del 10% de la totalidad del Impuesto a la Renta, siendo el principal contribuyente del Estado peruano. El 50% del Impuesto a la Renta minera se convierte en canon, en favor de las regiones, provincias y distritos. A diciembre de 2021, según el portal Amigable del MEF, por concepto de canon, sobre canon y otros, esta cifra ascendía a S/16,000 millones.

MIRA: [Opinión] Gabriel Ortiz de Zevallos: De baldes más hondos salió el cangrejo

La carga en impuestos y aportes de las mineras (renta, regalías, IEM, GEM, dividendos, fondo de jubilación minera, etc.) bordea el 50% de sus utilidades antes de impuestos. En los últimos 20 años, la minería formal ha aportado S/115,000 millones al tesoro público. Solo en 2021 aportó S/14,400 millones.

Más aún, durante el quinquenio 2021-2026, el Estado podría, asumiendo un precio del cobre de US$4 por libra, recibir cerca de S/100,000 millones, ¡una cantidad cercana a todo lo recaudado desde el año 2002!

Irónicamente, un gobierno de prédica y práctica antimineras cosecharía los mayores beneficios jamás aportados por esta.

Así las cosas, es lamentable que estemos desperdiciando esta extraordinaria circunstancia y que no aprovechemos el superciclo en el precio de los metales para avanzar en nuestro camino hacia el desarrollo, fomentando la generación de riqueza y combatiendo la pobreza.

Deberíamos estar recibiendo niveles de inversión privada de al menos dos dígitos (16-17%) y creciendo al menos 5% o 6% y, en su lugar, tenemos que las proyecciones más optimistas sobre el crecimiento de la inversión privada directa dan 0% y 3% el PBI, lo cual en términos per cápita es cero.

El prejuicio ideológico, sumado a la ineptitud –y corrupción– de quienes nos gobiernan, les impide darse cuenta de que al atacar (por acción u omisión) a la minería formal, se ataca también al resto de la economía, erosionando la confianza en general, paralizando la inversión y por consiguiente la generación de empleo.

Un gobierno que llegó con la promesa de no más pobres en un país rico se esmera en multiplicar a los pobres y destruir nuestra riqueza.

VIDEO RECOMENDADO