Es injusto criticar al presidente por la calidad de su equipo: es muy poco probable que mejores profesionales acepten sentarse en la mesa del Consejo de Ministros, junto con el promedio de sus colaboradores. Y, si los ministros son técnicamente malos y moralmente cuestionados, tampoco ellos convocarán a buenos cargos técnicos.
Hoy, las peores características e ineptitud de los gobiernos regionales se han trasladado al gobierno nacional. Y no va a mejorar.
En economía se esperaba políticas de reactivación que alentasen la inversión, generasen empleo productivo y redujeran la pobreza. En lugar de ello, se pide facultades para aumentar impuestos a quienes ya pagan, atacando a la clase media y al formal. El propio ministro reconoce que su objetivo no es combatir la informalidad y así aumentar la base de recaudación, cuando afirma que serán muy pocos los ‘afectados’. Si no recaudará sustancialmente más, ¿para qué promueve esas medidas’?
Otra cosa que ‘olvida’ el ministro es que el costo de vida ha subido y que al gravar más a los asalariados no está considerando el incremento en gastos de una familia que, por ejemplo, debe pagar educación y atenciones de salud. Si el Estado garantizara servicios de calidad a cambio de impuestos, sería otro cantar. Tampoco quiere pensar en quiénes han estado dos años sin trabajo, viviendo de ahorros, retirando fondos de su AFP, o endeudándose y que recién están con posibilidad de reinsertarse y reconstruir su patrimonio.
Mucho más se recauda dejando operar a las mineras y aprovechar el precio de los minerales para aumentar los ingresos del Estado. Si lo ocurrido con Antamina se replica en otras operaciones, la cosa viene mal.
Los gobiernos, nacional y subnacionales, incapaces de gastar en lo que necesita la población, destinarán los recursos en pagar (¿favores?) a una más abultada planilla estatal. Vale decir, quitando dinero a la población productiva para darlo a una burocracia que impide el avance del país.
¡Qué mal negocio!