(Perú21)
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En el Perú se estima que hay 4 millones de mypes. De ellas, solo la mitad es formal. Hay 2 millones de empresas de donde recibimos servicios o compramos productos que están fuera del control del Estado. Dicho de otra manera, son altas las probabilidades de que el ómnibus en el que van niños a un paseo no tenga los frenos adecuados ni un chofer preparado. También es posible que el lugar donde comemos tenga alimentos contaminados, o que el centro médico donde nos atendemos no tenga profesionales graduados; solo por dar ejemplos de los riesgos de la informalidad, más allá de sus relaciones con la Sunat: ponen en riesgo a la población.

Y la solución no es poner más requisitos; por el contrario, esto es parte del problema: la exigencia de un comedor y tres casilleros a un local donde trabajan tres personas o la necesidad de auditorías mensuales de seguridad a una oficina con 18 son absurdos que elevan costos y promueven la informalidad.

Hace unos días, propietarios de mypes comentaban que su mayor problema eran tres entidades estatales (y las nombraron). Por otro lado, dando fe de que la desaceleración económica pega a todos, decían que sus clientes grandes, incluso los más cumplidos, estaban demorando sus pagos “porque a ellos tampoco les pagaban”. Finalmente, decían que los programas de apoyo y legislación que debieran ayudarlas eran, muchas veces, frenos a su crecimiento. Como para preguntarles primero antes de “ayudarlas”.

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