“Hoy, aunque comparativamente pueda ser sustancialmente menor y no lleguemos a los niveles obscenos del pasado, la inflación sigue siendo un ‘impuesto’ que castiga a los más pobres”.
“Hoy, aunque comparativamente pueda ser sustancialmente menor y no lleguemos a los niveles obscenos del pasado, la inflación sigue siendo un ‘impuesto’ que castiga a los más pobres”.

La portada del diario era alarmante: anunciaba que a junio, con un 8.8%, se había acumulado la mayor inflación anualizada en los últimos 25 años. Vinieron de inmediato imágenes asociadas a los niveles de inflación alcanzados durante el primer gobierno de Alan García, en el que había que salir a comprar tan pronto se recibía el sueldo pues, en cuestión de horas (o menos), los precios subían. A otros puede haberles alcanzado la memoria para recordar también la escasez sufrida previamente, durante el gobierno militar, inducida por una política de proteccionismo y control de precios que creó un mercado negro y, seguramente, algunas fortunas.

A mí, el titular me llevó a aquel día aciago de agosto de 1990 después de que la víspera el ministro Hurtado Miller anunciara el alza de precios de productos básicos para sincerar el mercado. Más allá de la expresión de sorpresa e incertidumbre que se veía en las calles, mi recuerdo más duro de ese día fue en la cola que se formó frente a una farmacia que atendía por una pequeña puerta: un hombre, con evidentes síntomas de congestión respiratoria, intentaba comprar solo una latita de Mentholatum con un puñado de billetes y la dependienta lo rechazaba diciéndole que no alcanzaba.

Hoy, aunque comparativamente pueda ser sustancialmente menor y no lleguemos a los niveles obscenos del pasado, la inflación sigue siendo un ‘impuesto’ que castiga a los más pobres, en cuyo gasto pesan más los productos que más suben: en este caso alimentos, transporte y energía. Por el momento, la inflación es más importada que ‘made in’ Perú, pero eso no exime al Gobierno de buscar soluciones que alivien el aumento de la pobreza de muchos peruanos, empezando con medidas que ayuden a reactivar la economía, aumentar las exportaciones y, así, aumentar los ingresos de la población y del Estado. Para empezar, ni siquiera se requiere ser muy creativos; basta con corregir lo que se está haciendo mal (o dejando de hacer).

Después de que todos los analistas económicos serios lo advirtieran, ya el Ministerio de Economía descubrió que, en un mercado informal como el nuestro, eliminar el IGV no se trasladaba a una reducción de precios para la mayoría. Ahora toca ingresar a la fase de focalización de la ayuda. Desafortunadamente, dadas las características del actual Gobierno, hay razones para sospechar que la ayuda llegará bastante menguada a los beneficiarios que la requieren y que gran parte quedará en el camino y en funcionarios a cargo.

¿Será posible que, al tratarse de algo que impacta más directa y materialmente a los más pobres, los responsables de hacer llegar la ayuda tengan escrúpulos y no roben? Dados los antecedentes, tampoco es que haya por allí demasiadas esperanzas.


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