El Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con relación al respeto de estos durante la crisis política iniciada con el discurso de Pedro Castillo, capturó la atención de la prensa la semana pasada.
Primero, debemos destacar el reconocimiento por parte de la comisión de que Castillo atentó contra el orden constitucional y que la sucesión por la presidente Dina Boluarte fue realizada de acuerdo con el ordenamiento constitucional. Luego, reconoce que las consignas de las protestas fueron el adelanto de las elecciones; el cierre del Congreso; una Asamblea Constituyente; la renuncia de Boluarte y la liberación de Castillo. Sin embargo, aunque todas sean demandas políticas, el informe sostiene que en la base de estas demandas políticas hay reivindicaciones de comunidades campesinas y pueblos indígenas. A lo largo de todo el documento encontraremos referencias a la estigmatización (como cholos, indios o terrucos) y demandas contra la discriminación étnico-racial de una parte de la población, así como un enfrentamiento entre Lima y provincias. Se hace referencia también al “fracaso del modelo extractivista para distribuir la riqueza generada” y al reclamo de las poblaciones de ser consultadas sobre proyectos extractivos.
El informe sostiene que no se toma en cuenta la opinión de la población para los proyectos con impacto en las comunidades ni se reparte el fruto de la actividad. Algo falló: o la comisión obvió la información que le dio el Estado o este no fue capaz de explicar cómo funciona la consulta previa y la manera como se distribuye el Impuesto a la Renta a las poblaciones a través del canon.
Aparece por momentos un esbozo de imparcialidad (reconoce las víctimas que no llegaron a recibir atención médica o la presencia de armas hechizas). Sin embargo, el énfasis dado a las críticas del accionar de las fuerzas armadas (uso excesivo de la fuerza) y la terminología usada (masacres, ejecuciones extrajudiciales) han hecho que muchos analistas califiquen al informe como sesgado. Contribuye a esto la defensa que se hace de las manifestaciones “pacíficas”, así incluyan toma de carreteras y aeropuertos.
Más grave aún, ¿qué pasó con quienes debían demostrar la infiltración de elementos terroristas? El informe desestima esta afirmación: “A la argumentación del Estado de la presencia de grupos organizados con la consigna de desestabilizar al gobierno, no se ha entregado ninguna prueba al respecto”.
En general, el informe es duro con el Estado y tolerante con los manifestantes. Pero, estemos o no de acuerdo, por las razones que sean, hay un llamado a la reflexión.